(Quito) El proyecto minero Loma Larga reaviva hoy la disputa sobre Quimsacocha, un páramo del sur de Ecuador considerado vital para el abastecimiento de agua en la provincia de Azuay.
Comunidades locales y organizaciones sociales denunciaron que la licencia ambiental concedida a la empresa canadiense Dundee Precious Metals para el proyecto extractivista viola la Constitución, sentencias judiciales y la voluntad expresada en varias consultas.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se refirió al conflicto minero en una entrevista con un medio internacional transmitida anoche y afirmó que, de existir alguna afectación a las fuentes de agua, no se aceptará esta concesión.
“Hemos exigido a la empresa minera (…) que se demuestre, con los más estrictos controles ambientales, que no se va a afectar las fuentes de agua, y si hay alguna afectación, no aceptaríamos este tipo de concesiones”, aseveró el gobernante.
El pasado 6 de agosto, el Ministerio del Ambiente ordenó suspender el inicio de las actividades hasta que la compañía difunda el Plan de Manejo Ambiental.
No obstante, el Frente Democrático por la Defensa del Agua recordó que desde 1996 las comunidades de la zona se mantienen en resistencia contra la minería en áreas de recarga hídrica.
“El agua no es una mercancía: es un derecho humano fundamental y un patrimonio natural que debe ser protegido siempre por encima de cualquier interés económico o político”, afirmaron en un comunicado.
La empresa municipal ETAPA, que presta servicios esenciales de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cuenca, publicó informes que advierten sobre daños irreversibles a las fuentes que abastecen de agua de la ciudad, con presencia de metales pesados como arsénico.
El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, señaló que el Gobierno pretende que los páramos “simplemente” sirvan para negocio y defendió la necesidad de aprobar una Ley de Páramos que ponga un candado legal a la minería en zonas de recarga hídrica.
Legisladores del movimiento Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, presentaron el proyecto de Ley de Páramos para la protección, manejo y recuperación de estos ecosistemas, así como el uso sostenible de sus recursos.
Quimsacocha provocó polémica esta semana en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo bloqueó un pedido para que la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, comparezca ante el pleno a dar explicaciones sobre la licencia ambiental a la minera Dundee.
Tras la ola de críticas por votar en contra, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), decidió convocar a Cruz y a Inés Manzano, titular de Energía.
En un video difundido en redes sociales, Manzano defendió el proyecto: “Que quede claro que aquí no se ha firmado un cheque en blanco, hay un contrato con letra grande y con condiciones claras”, subrayó.
Quimsacocha es un área natural protegida de tres mil 217 hectáreas que alberga importantes fuentes de agua y la explotación minera propuesta incluye la extracción de oro, plata y cobre, con una inversión estimada de 419 millones de dólares.
El Maipo/PL
