Operativos coordinados con servicios públicos han resultado en sanciones millonarias contra empresas mineras que operan irregularmente en Melipilla y Curacaví
La Delegación Presidencial Provincial de Melipilla ha fortalecido su trabajo conjunto con comunidades y servicios públicos para atender denuncias medioambientales, lo que ya se ha traducido en importantes procesos sancionatorios contra faenas mineras en las comunas de Melipilla y Curacaví.
Respuesta a demandas ciudadanas
El delegado presidencial provincial de Melipilla, Bastián Alarcón, destacó el despliegue de fiscalizaciones realizadas en distintos puntos de la provincia, como respuesta directa a las denuncias medioambientales presentadas por comunidades del sector rural sur de Melipilla y del sector de Colliguay, en Curacaví.
“Una de las misiones que tenemos como Delegación Presidencial Provincial es escuchar a las comunidades. En este sentido, muchas de las problemáticas que nos han instalado son de carácter medioambiental”, explicó la autoridad provincial, quien subrayó el compromiso adquirido con dirigentes y vecinos afectados para realizar fiscalizaciones conjuntas con servicios de gobierno e instituciones especializadas.
Irregularidades detectadas en sector rural de Melipilla
En el caso específico de las faenas mineras ubicadas en el sector rural sur de Melipilla, el delegado informó que se han realizado tres fiscalizaciones hasta la fecha, cada una con diferentes instituciones participantes.
“En una de ellas fuimos con una experta en sílice del Seremi de Salud, que encontró anomalías y se abrieron sumarios y procesos sancionatorios para la empresa”, precisó Alarcón, quien enfatizó que como autoridad provincial y representantes del Gobierno, mantendrán un seguimiento estricto de este proceso para garantizar la normalidad, el respeto al estado de derecho y la protección de las comunidades aledañas.
Millonaria multa por operación irregular en sector de Colliguay
El segundo caso abordado por la delegación corresponde a la situación de Colliguay, en la comuna de Curacaví, donde las comunidades manifestaron su preocupación por el uso de elementos contaminantes en procesos de extracción aurífera.
Según explicó el delegado, el cauce de agua de Colliguay no solo atraviesa la comuna de Curacaví, sino que también impacta a Melipilla, María Pinto e incluso Santo Domingo. “Hay un cierto riesgo que las comunidades nos alertan respecto al uso de cianuro para la extracción de oro en el lugar”, señaló.
Esta situación motivó un despliegue coordinado con diferentes servicios de gobierno, tanto de la Región Metropolitana como de la V Región, para activar las fiscalizaciones correspondientes. Como resultado de estos operativos, la Dirección General de Aguas aplicó una millonaria multa a la empresa minera por operar sin las autorizaciones pertinentes en el cauce de agua del Colliguay.
Impacto en suministro de agua y agricultura regional
La importancia de estas fiscalizaciones se ve reforzada por el hecho de que el cauce de Colliguay alimenta tanto al Agua Potable Rural (APR) como al 80% de los productores hortícolas de la Región Metropolitana, lo que amplifica el potencial impacto de cualquier contaminación en la zona.
Compromiso de continuidad
El delegado presidencial concluyó reafirmando el compromiso de la delegación: “Seguiremos detrás, junto a las comunidades y las instituciones, fiscalizando los diferentes requerimientos que nos hacen los dirigentes y vecinos”.
Esta estrategia de fiscalización coordinada entre autoridades provinciales, servicios públicos especializados y comunidades organizadas representa un modelo de gestión que prioriza la protección medioambiental y la participación ciudadana en el control de actividades extractivas en la provincia de Melipilla.
El Maipo / Imagen @ggalleguillos
