Durante demasiado tiempo, se ha instalado la idea de que hablar de control migratorio, crecimiento económico y seguridad pública es patrimonio exclusivo de la derecha. Como si la izquierda estuviera condenada a ceder estos temas o a abordarlos desde la defensiva. Nada más lejos de la realidad: una izquierda coherente, responsable y conectada con las necesidades reales de la gente puede, y debe, liderar estas discusiones. Y puede hacerlo mejor.
Porque la defensa de las fronteras no es, ni debe ser, sinónimo de xenofobia. Un control migratorio inteligente es un acto de soberanía solidaria: gestionar quién entra y en qué condiciones para asegurar que la migración sea ordenada, compatible con la capacidad de acogida y que no derive en explotación ni precarización laboral. No se trata de cerrar puertas, sino de abrirlas con reglas claras.
Para Chile, eso significa restablecer el control efectivo en fronteras terrestres y pasos no habilitados, con tecnología de vigilancia y cooperación con países vecinos; implementar procesos exprés de registro y verificación de antecedentes para quienes ingresen; y condicionar la permanencia a la participación en programas de integración obligatoria en idioma español, cultura cívica y capacitación laboral.
El crecimiento económico tampoco es una consigna vacía ni un juego de cifras para los mercados. Una izquierda moderna entiende que sin una base productiva sólida no hay justicia social posible. Apostar por industria, agricultura y tecnología no es nostalgia, sino planificación de futuro. En Chile, esto implica un plan nacional de reindustrialización verde, con inversión pública y alianzas con pymes para desarrollar energías limpias, procesamiento de litio y cobre con valor agregado, y agricultura tecnificada en regiones.
En materia migratoria, significa vincular los permisos de trabajo a sectores con déficit comprobado de mano de obra, evitando que el ingreso masivo desregulado presione a la baja los salarios y debilite la negociación colectiva.
Y la seguridad pública, lejos de ser un terreno vedado, es una obligación ética. No hay libertad en la inseguridad. Proteger a los barrios del narcotráfico, de las redes de trata y del crimen organizado exige un Estado fuerte. Para Chile, eso implica crear una policía de fronteras especializada, coordinar operativos conjuntos con países de origen y tránsito para desmantelar redes criminales, y fortalecer fiscalías y tribunales para que los delitos graves tengan sanción rápida y proporcional.
Además, es urgente recuperar espacios públicos con inversión en iluminación, equipamiento comunitario y presencia estatal, para que las poblaciones y barrios vulnerables dejen de ser zonas de nadie.
La izquierda no debe caer en la trampa de regalar estos temas a quienes los usan para sembrar división y miedo. Un enfoque progresista no renuncia a la protección del país ni a la seguridad de sus ciudadanos; al contrario, las asume con una visión más integral y humana, que combina firmeza y derechos, planificación y solidaridad, control y acogida.
Si creemos en la justicia social, debemos entender que esta empieza por garantizar un marco común de seguridad, trabajo digno y cohesión social. No es ceder a la agenda de otros: es demostrar que la nuestra, bien pensada y bien ejecutada, es más eficaz y más justa. La izquierda también puede. Y puede mejor.
Álvaro Ramis, Teólogo, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad. Ex presidente de la FEUC y actual investigador del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Colaborador de elmaipo.cl
