Entre 1996 y 2000, el Gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política de “control demográfico” que vulneró gravemente a unas 300.000 mujeres peruanas. El Estado ejecutó un programa de esterilizaciones forzadas, dirigido principalmente a comunidades indígenas, rurales y en situación de pobreza extrema.
El plan fue formalizado bajo el nombre de Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y recibió respaldo de diversos organismos internacionales. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le aportó más de 80 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales patrocinadoras.
“Se llevaron a cabo las esterilizaciones forzadas, que intentaron disfrazar bajo el nombre de ‘anticoncepción quirúrgica voluntaria’, cuando en realidad se trataba de intervenciones impuestas“, declaró a Sputnik María Esther Mogollón, activista peruana y asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).
Anahí Durand, exministra de la Mujer, afirmó por su parte a este medio que el programa de esterilizaciones forzadas tuvo un carácter sistemático y deliberado: “Lo que pudimos constatar es que había una decisión política de aplicar este programa en las mujeres más pobres de los sectores rurales y campesinos, que había tenido como eje erradicar la pobreza, eliminando a los pobres“.
Las esterilizaciones forzadas en Perú no fueron un caso aislado. Testimonios de mujeres en países como Bolivia evidencian que estas prácticas respondieron a políticas sistemáticas de control poblacional dirigidas a sectores vulnerables. Si bien el caso peruano es el más documentado y masivo, también se realizaron procedimientos similares en México y Guatemala.
El Maipo/Sputnik
