Mientras en el Congreso se acumulan reformas que podrían mejorar la vida de millones —el acceso a la salud, la vivienda digna, la seguridad en los barrios—, un grupo transversal de senadores decidió avanzar, con sorprendente rapidez, en una ley para penalizar las filtraciones de causas judiciales reservadas. Lo hacen en nombre del debido proceso y la privacidad, pero el resultado concreto es otro: una mordaza legal que debilita al periodismo y fortalece el silencio.
No se trata de defender lo indefendible. El periodismo debe ser riguroso, ético, cuidadoso con las víctimas, responsable con sus fuentes. Pero el problema no está en las salas de redacción. Está en los salones donde se toma el poder a espaldas de la ciudadanía, donde se negocia impunidad, donde las instituciones se deslegitiman no por la denuncia, sino por lo denunciado.
El Colegio de Periodistas de Chile ha sido claro y valiente en su postura. Esta ley no protege la justicia, la oscurece. No combate la corrupción, la blinda. No resguarda derechos, los restringe. Y, lo más grave, instala el precedente de criminalizar a quienes informan, cuando lo que el país necesita es más transparencia, más debate público y más luz sobre los hechos.
Imaginen por un momento que esta ley hubiese estado vigente durante los casos PENTA o SQM. ¿Habríamos conocido los vínculos entre política y negocios? ¿Habríamos sabido de la corrupción en las Fuerzas Armadas? ¿Habríamos tenido siquiera el derecho a indignarnos?
En los territorios como el valle del Maipo, donde los medios locales batallan cada día contra el abandono informativo, las presiones políticas y la falta de recursos, esta ley sería un golpe letal. El periodismo que hacemos en radios comunitarias, en medios digitales, en plataformas ciudadanas, se sostiene sobre la confianza de la gente, pero también sobre la libertad de investigar y contar lo que otros callan. Si se penaliza esa libertad, no solo se castiga a periodistas: se castiga al pueblo que quiere saber qué ocurre en su comuna, quién toma decisiones y con qué intereses.
Esta propuesta legal tiene un trasfondo preocupante: miedo al escrutinio, incomodidad con la crítica, y una tentación autoritaria disfrazada de formalismo jurídico. Lo decimos con claridad: la democracia no se defiende persiguiendo a periodistas, sino asegurando que nadie esté por sobre la ley. Y eso solo es posible con información libre, con medios independientes y con el coraje de publicar lo incómodo.
¡Desde el territorio de El Maipo decimos fuerte y claro: no aceptaremos una ley mordaza!
¡Rechazamos esta propuesta y defendemos el derecho a informar y ser informados!
No por un privilegio gremial, sino por un deber con las comunidades que merecen saber la verdad, aunque duela.
¡Y aunque moleste al poder!
Ver declaración pública del Colegio de Periodistas
Miguel Jara Gómez, colaborador de El Maipo, es antropólogo social, magister en Educación y Comunicador Social.
