(San Salvador) El arresto de una conocida abogada salvadoreña y activista de los DDHH, Ruth López, aumentó el ambiente de tensiones que vive hoy el país y tiende a complicarse, según organizaciones y analistas políticos.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a la jurista el 18 de mayo en horas de la noche y hasta ahora las autoridades le negaron el acceso a asistencia legal y a su familia, lo que genera serias preocupaciones sobre su seguridad y el debido proceso.
López es una destacada abogada que denuncia violaciones de derechos humanos y corrupción durante el Gobierno de Nayib Bukele, y actualmente se desempeña como jefa de Anticorrupción en Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas aquí.
El estado de excepción en El Salvador no solo se utiliza para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas, indicó el diario El Independiente.
El autoritarismo se acentuó en los últimos años, a medida que el presidente Bukele socava las instituciones y el Estado de derecho, y persigue a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes, aseguró la publicación.
A criterios como este se sumó la víspera el Colegio Médico con un comunicado dando a conocer que se sumó a la protesta por la situación que vive el país y rechazó todo acto que “atente contra el Estado de Derecho”, el equilibrio de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática.
No podemos guardar silencio ante el debilitamiento de las instituciones democráticas, el irrespeto a la Constitución y la concentración del poder que amenaza las libertades y derechos fundamentales del pueblo salvadoreño, precisó la declaración.
Un informe de El Independiente suscrito por el dirigente del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales, acentuó que “si no hay espacio para la protesta, lo que viene no es paz: es silencio impuesto que tarde o temprano va a reventar», una alerta que preocupa a alguno salvadoreños.
El ambiente también está tenso luego que en los últimos días, el gobierno y la Fiscalía General de la República ordenaron capturas contra 16 transportistas y dos activistas de la cooperativa El Bosque, hechos que generaron controversia en el país y ataques de partidos de oposición al gobierno.
El Maipo/PL
