Por Gonzalo Ortuño López
- Un grupo de expertos independientes tendrá seis meses para analizar si las autoridades hondureñas han agotado las líneas de investigación en el asesinato de la defensora.
- También se deberá esclarecer si la empresa DESA tuvo responsabilidad en el asesinato, ante las denuncias y señalamientos.
- Hasta ahora hay ocho personas sentenciadas por el caso, dos de ellas extrabajadoras de la empresa encargada de la construcción de una presa hidroeléctrica, así como ex integrantes del Ejército.
- El grupo deberá también proponer un plan de reparación para las comunidades afectadas por la imposición del proyecto hidroeléctrico contra el que luchaba la defensora asesinada en 2016.
Cuando la defensora del territorio Berta Cáceres Flores fue asesinada en su casa, en el oeste de Honduras, en marzo de 2016, sus familiares y compañeras defensoras pidieron inmediatamente acompañamiento internacional, ante la desconfianza en las autoridades del país para investigar el caso. La ayuda ha llegado 9 años después con una expectativa importante: dar con los autores intelectuales del crimen.
Para ello se instaló un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo es esclarecer la autoría intelectual y los delitos ligados al asesinato de Cáceres, y trabajar un plan de reparación integral para las comunidades indígenas lencas impactadas por la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, proyecto al que se oponía la defensora cuando fue asesinada.
Este no fue el primer esfuerzo para acompañar e investigar el caso de forma independiente. En 2016, tanto la familia de Cáceres como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) integraron junto con organizaciones nacionales e internacionales el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), cuyo trabajo permitió documentar irregularidades en la investigación de las autoridades hondureñas y avanzar en la condena de siete responsables materiales y uno intermedio. También, en identificar a posibles autores intelectuales del asesinato.
El Consejo, además, documentó presuntos actos de corrupción que permitieron la concesión del Río Gualcarque en territorio lenca, la cual sigue vigente y es el origen de las denuncias que hizo Cáceres junto con otros defensores del COPINH contra más de 50 proyectos en 2010.
Para Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la defensora y actual coordinadora general del COPINH, se trata de un nuevo intento para agotar una investigación que ha quedado incompleta.
“Esta no es una petición nueva. Hemos tenido que esperar cerca de nueve años para que se pudiera hacer realidad y materializar este esfuerzo y ojalá que contribuya al esclarecimiento de todos los hechos y la responsabilidades”, dijo en un mensaje el día de la instalación del GIEI en Honduras el pasado 14 de febrero.
Cabos sueltos en el caso Berta Cáceres
Cáceres se oponía al proyecto Agua Zarca porque su construcción implicaba afectaciones para el Río Gualcarque, considerado sagrado para el pueblo lenca. Construir una presa hidroeléctrica en este sitio implicaba desabastecimiento de agua, comida y medicina para la comunidad, la cual no fue consultada para la construcción del proyecto.
En medio de varias concesiones a megaproyectos mineros y eléctricos –avalados a partir del golpe de Estado de 2009– la defensora encabezó acciones y campañas que buscaban ayuda de la comunidad internacional para frenar el financiamiento del proyecto por parte de entidades como la Corporación Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial. Esta defensa le valió ser la ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015.
Uno de los retos del grupo de expertos será analizar si las autoridades judiciales de Honduras han agotado todas las líneas de investigación en el caso de Berta Cáceres, como los vínculos que pueda tener su asesinato con la delincuencia organizada, posibles hechos de corrupción de funcionarios, así como delitos económicos o financieros.
“El mandato de este GIEI es para esclarecer plenamente la autoría intelectual, los intereses económicos detrás del asesinato, quién se beneficiaba con la concesión (a la hidroeléctrica), a quién perturbaban las acciones de movilización de los pueblos en defensa del río y quedan pendientes casos de delincuencia financiera, como blanqueo de capitales”, sostiene Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que ha acompañado el caso y ha solicitado la intervención de expertos independientes.
La activista también destaca el avance que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en 2019 logró evidenciar cómo 16 funcionarios de Honduras y empresarios operaron ilegalmente para beneficiar a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) con la concesión del proyecto Agua Zarca, al que se oponía Berta Cáceres.
Este megaproyecto es propiedad de la familia Atala Zablah, una de las de mayor poder económico en Honduras. Mongabay Latam intentó dar con representantes de la familia para obtener su versión de los hechos pero no había podido dar con ellos al cierre de esta nota.
“Hubo muchísimas concesiones a la par de los permisos a DESA, es de las conflictividades más agudas en Honduras, el extractivismo”, afirmó Paz y Paz. “Este es un caso paradigmático, se ha logrado llegar a lo que muy pocos casos consiguen, que es no solo llegar a los autores materiales, sino a niveles medios”. Se castigó también la corrupción, agrega, pero resalta: “El esclarecimiento pleno nos va a dar el modus operandi”.
Esta no fue la única investigación que vinculaba a la empresa DESA con el caso. En 2018, el Ministerio Público de Honduras extrajo registros de llamadas privadas, mensajes de texto y de WhatsApp de los teléfonos de la activista y de uno de los acusados por el asesinato.
Entre las conversaciones intervenidas se dieron a conocer las comunicaciones que tuvieron miembros de la Junta Directiva de DESA con Roberto David Castillo Mejía, que fungía como presidente ejecutivo de la empresa, con Daniel Atala Midence, director financiero y quien cuenta con orden de captura en Honduras, así como con otros cinco empleados y consultores de la compañía en el chat “Seguridad PHAZ” (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca). Atala Midence se encuentra prófugo. Tampoco fue posible dar con su versión de los hechos al cierre de esta nota.
Los mensajes, dados a conocer por el medio The Intercept, muestran la coordinación de acciones para debilitar la defensa del territorio que hacía Cáceres y que coinciden con fechas en las que había protestas o hechos relevantes para impulsar el proyecto hidroeléctrico, así como comunicaciones posteriores al asesinato de la defensora.
En su momento, el bufete internacional Amsterdam & Partners LLP, contratado por DESA, desestimó las comunicaciones asegurando que había sesgo contra sus defendidos en la investigación.
“La parte acusadora se basa casi exclusivamente en su propia interpretación de unos pocos y específicos mensajes de texto extraídos de varios teléfonos celulares incautados por la policía. Sin embargo, el Gobierno aún no ha permitido ningún análisis forense independiente de dichos aparatos para buscar evidencia exculpatoria”, sostuvo en ese momento Robert Amsterdam, socio fundador del consorcio.
En tanto, la investigación independiente conocida también como “Fraude sobre el Gualcarque”, documentó la inversión de bancos y financiadoras en el proyecto, así como el papel de David Castillo Mejía, quien también fue funcionario de Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENNE) y pieza clave en el otorgamiento de contratos al proyecto Agua Zarca.
Por este caso, el Ministerio Público de Honduras logró sentencias por actos de corrupción contra tres implicados, entre ellos Castillo Mejía, al probar que hubo “actos ilícitos para favorecer a la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico” y que terminaron perjudicando a la comunidad indígena lenca.
Castillo Mejía es considerado uno de los coautores del asesinato de Cáceres y fue sentenciado en primera instancia a 22 años de prisión. La defensa del expresidente de DESA y ex militar hondureño ha buscado invalidar el proceso judicial en su contra, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha mantenido “firme y ejecutable” la pena que se impuso en 2022. Al igual que DESA, Castillo Mejía siempre ha negado tener alguna responsabilidad por la muerte de Cáceres.
En total, ocho personas han sido condenadas por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del defensor mexicano Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente del ataque. Sin embargo, tanto familiares como integrantes del COPINH sostienen que la responsabilidad de los autores intelectuales no ha sido investigada en su totalidad.
El abogado Pedro Biscay, quien integra el GIEI junto con Roxanna Altholz y Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, dijo al iniciar su tarea en Honduras que será crucial esclarecer si existió responsabilidad de empresas, bancos e instituciones financieras internacionales en el caso.
“Esta es una oportunidad para crear reglas y estándares vinculantes para las empresas y para los bancos que financian operaciones de esta envergadura, tanto en el país como en el resto de la región”, dijo Biscay. “No se puede desconocer la participación del sector privado y la responsabilidad en el marco de operaciones comerciales y financieras realizadas en contextos de violaciones sistemáticas a derechos humanos”, sostuvo el abogado, quien es especialista en persecución de delitos financieros, corrupción y lavado de dinero.
Reparación en medio de la violencia
El GIEI tendrá seis meses para proponer un plan de reparación del daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a comunidades, como es el caso de Río Blanco, integrada por más de 380 familias y principal afectada con el proyecto de Agua Zarca.
Dunia Sánchez, parte del equipo de trabajo comunitario del COPINH, ve una nueva oportunidad de obtener justicia con la instalación del grupo de expertos, pero advierte que lo que no puede faltar en el plan de reparación a Río Blanco es el retiro de la concesión al proyecto, la cual sigue vigente.
“Lo que debe haber es la nulidad del contrato, del proyecto que se pretendía desarrollar en el Río Gualcarque”, dijo Sánchez a Mongabay Latam. “Que el Estado se comprometa con las familias que fueron víctimas y perjudicadas con la violencia que se generó por parte de la empresa”.
Este plan deberá plantearse en una comunidad que se dividió entre quienes apoyaron el proyecto de la hidroeléctrica y quienes aún resisten, lo que ha generado un clima de violencia en la zona.
“El daño que han causado a las comunidades es la desintegración social, todo el tejido social fue brutalmente despedazado. Deben comprometerse a la garantía de titulación (de tierras) de estas comunidades, para que no haya más concesiones y no nos lleguen a privatizar”, sostiene.
La integrante del COPINH señala que incluso le reparación debe darse a quienes fueron afectados antes del asesinato de Berta Cáceres, como ocurrió con su compañero Tomás García, asesinado durante una protesta en julio de 2013, cuando el Ejército hondureño replegó violentamente a los manifestantes.
“En el caso de Tomás García, que haya reparaciones”, pide Sánchez y agrega que “sus hijos se quedaron solos y dependían de su padre. Que el mismo Estado se comprometa a reparar afectaciones psicológicas, mentales, de salud y educación”, sostiene.
Violencia contra comunidades y defensores en Honduras
Si bien el asesinato de Berta Cáceres ha sido paradigmático en Honduras, las agresiones contra defensores del territorio no se ha detenido en el país.
Solo en 2023, Honduras fue el país con la mayor tasa de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el ambiente, con un índice de 149 casos por millón de habitantes, de acuerdo con el informe hecho por Global Witness.
Ese mismo año, la organización ACI PARTICIPA documentó 41 ataques contra 13 personas defensoras ambientalistas, de las cuales cuatro terminaron en asesinatos.
Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Juan López, integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, departamento del Colón, y defensor del parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, ante las actividades extractivas sobre los ríos Guapinol y San Pedro.
Para Sánchez, la zona del territorio lenca no ha sido ajena al fenómeno.
“Se ha incrementado la violencia en Río Banco, ha tocado seguirla viviendo por todo lo que generó la empresa (DESA) cuando estaba instalada en la zona y que ha implicado el desplazamiento de familias enteras, el salir de la comunidad por la violencia. Cada año ocurren asesinatos de un nivel que no se habían visto”, sostiene.
Aunque el mandato del GIEI no incluye la investigación de otros casos, Paz y Paz dice que el caso podría ayudar indirectamente a señalar patrones de violencia contra defensores en Honduras.
“Esperamos que este caso pueda arrojar luz sobre otros ataques a personas defensoras de tierra y territorio y lo pernicioso que es que se otorguen concesiones mediante corrupción y sin el control estatal indispensable”, advierte.
Sánchez rescata la organización del COPINH y de habitantes de Río Blanco en el proceso y destaca que el acompañamiento de colectivos y organismos internacionales ha permitido avanzar en las investigaciones.
“Se ha dado seguimiento entre diferentes esfuerzos con otras organizaciones de otros espacios se han visibilizado exigencias y eso hace saber que Río Blanco no está solo. La Justicia ha llegado hasta mitad de camino, nos seguimos preocupando y no bajamos la resistencia. Si hay justicia para Berta (Cáceres), hay justicia para nuestras comunidades”, menciona.
Bertha y Laura Zúñiga, también hija de Cáceres, ven en la llegada del GIEI una oportunidad para que otras voces sean escuchadas.
“Es un paso para la justicia, para la reparación, que es una dimensión grande en la que hay que trabajar y en la que hay que reconstruir el tejido social que ha sido roto a lo largo de los años, a través del miedo y la violencia que las empresas extractivas generan en nuestros territorios”, menciona Laura.
Bertha sostiene que en esta nueva etapa, a 9 años del asesinato de su madre, “este es un GIEI para Berta y para los pueblos”.
El Maipo/Mongabay
Imagen principal: El pasado 2 de marzo se cumplieron 9 años del asesinato de la defensora Berta Cáceres en Honduras. Foto: COPINH y CEJIL
