(Ciudad de México) Representantes de países latinoamericanos se comprometieron hoy en México a defender los derechos de los connacionales y a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio.
“Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio”, expresaron en una declaración derivada del encuentro Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, con sede en esta capital.
También a “protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo”, agrega el documento difundido tras dos días de sesiones.
El encuentro tuvo lugar en un contexto marcado por la llegada a la Casa Blanca, el 20 de enero, del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza con realizar deportaciones masivas, pese a los demostrados aportes de comunidades migrantes a esa nación.
“Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración”, denunciaron los ministros, viceministros y jefes de delegación de las cancillerías.
Hicieron un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de expulsiones masivas.
Asimismo, reafirmaron que esos connacionales, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización.
Durante la reunión en esta capital, los representantes de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela y la nación anfitriona aseguraron que redoblarán esfuerzos para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio.
Los gobiernos refrendaron su compromiso de promover vías para una migración segura, ordenada y regular; reiteraron su intención de ampliar las vías de movilidad laboral, y reconocieron la necesidad de lograr una gestión humana y responsable de los flujos migratorios irregulares.
Consideraron que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales, afectan negativamente a poblaciones enteras e instaron a su levantamiento, en tanto son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen.
Los representantes reafirmaron el interés en sugerir la reactivación de las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y expresaron su firme apoyo a la estabilidad de Haití.
El Maipo/PL
