En el actual clima político mundial, hay una reacción generalizada contra conceptos arraigados en materia de derechos humanos, y los movimientos antiderechos están aumentando. Las defensoras de derechos humanos suelen ser las primeras en recibir los ataques.
La presencia de un movimiento feminista sólido y autónomo es el factor más determinante para impulsar el cambio en las políticas de violencia de género; sin embargo, en el panorama actual de retrocesos, las defensoras de derechos humanos se enfrentan cada vez más a la violencia, las amenazas y al discurso misógino y de odio por razones de género por parte de agentes estatales y no estatales de todo el mundo.
Aquí presentamos un panorama de los desafíos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y cómo protegerlas.
¿Qué tan extendida está la violencia contra las defensoras de derechos humanos y las activistas feministas?
El término “defensoras de derechos humanos” se refiere a las mujeres adultas y jóvenes que trabajan en materia de derechos humanos, así como a personas de todos los géneros que trabajan para promover los derechos de las mujeres y los derechos relacionados con la igualdad de género, incluso si la persona en cuestión tiene una identidad principal distinta; ya sea periodista, jueza, abuela o parte de la sociedad civil.
Estas defensoras se han enfrentado a un aumento de la represión, la violencia y el abuso pese a la obligación de los Estados de garantizarles un entorno seguro y propicio para su trabajo.
Como se destaca en un informe reciente del Secretario General de la ONU, los agentes antiderechos emplean cada vez más los espacios en línea para hacer retroceder los derechos de las mujeres, por ejemplo creando un entorno digital hostil hacia las mujeres y niñas caracterizado por el ciberacoso, el hostigamiento, las amenazas de violencia y la desinformación de cuestiones de género.
En una encuesta de 2023 a 458 defensoras de derechos humanos confeccionada por la Fundación Kvinna till Kvinna, tres de cada cuatro encuestadas dijeron que ellas o su organización habían sido amenazadas o acosadas por su trabajo, lo que representa un aumento de 15 puntos porcentuales desde 2021. Casi una de cada cuatro encuestadas recibió amenazas de muerte; mientras que 37 activistas sobrevivieron a intentos de asesinato.
El grupo de defensa de derechos humanos Front Line Defenders identificó 300 asesinatos de activistas en todo el mundo a causa de su trabajo en 2023, 49 de ellos dirigidos a mujeres. Por otra parte, un estudio de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó 35.077 ataques contra 8926 defensoras de derechos humanos entre 2012 y 2023, incluidos 200 asesinatos, tan solo en los cinco países que fueron parte de la investigación de la organización.
En algunos casos, los ataques directos contra activistas y sus familias, por ejemplo mediante campañas de difamación, acoso judicial y criminalización, contaron con la participación de agentes estatales. También ha habido un aumento preocupante del discurso misógino, sexista y homofóbico de destacados líderes políticos, que normaliza la violencia contra las mujeres y personas con identidad de género no conforme. Alrededor del 58 por ciento de las encuestadas de la Fundación Kvinna till Kvinna manifestaron que los Gobiernos y las autoridades eran los principales agentes detrás de las amenazas a las que se enfrentaban.
Los nuevos espacios en línea también alimentan la misoginia y consolidan actitudes que normalizan la violencia contra las mujeres y niñas. Los agentes en línea de la llamada “machosfera” o “manosfera” y la facilidad para crear contenido visual y textual con plataformas de inteligencia artificial han provocado una explosión de desinformación generizada, discursos de odio y despectivos sobre los movimientos por los derechos de las mujeres y una corriente antifeminista, tal como se explica en el informe del Secretario General sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Los hombres jóvenes y los niños pueden radicalizarse en esos espacios en línea y llegar a actuar contra las activistas feministas mediante ataques y acoso por motivos de género.
¿Por qué las mujeres activistas en particular son objeto de violencia?
Las defensoras de derechos humanos se enfrentan a muchos de los mismos riesgos que los activistas varones, incluidas las amenazas a su seguridad física y las restricciones de sus derechos; sin embargo, las mujeres también se enfrentan a riesgos y obstáculos adicionales, moldeados por estereotipos de género arraigados e ideas y normas profundamente cimentadas sobre cómo debe actuar una mujer.
A menudo se considera que las defensoras de derechos humanos cuestionan las nociones tradicionales de familia; las estructuras patriarcales, y las normas y los roles de género en la sociedad. Esta percepción puede generar hostilidad por parte de las instancias antiderechos, el público, los medios de comunicación y otros agentes. Por ejemplo, las defensoras de derechos humanos han sido acusadas de amenazar los valores religiosos, la familia y la moral social.
Estos riesgos también se correlacionan con las vulnerabilidades existentes e interseccionales: IM-Defensoras descubrió que, de los 58 asesinatos de defensoras de los derechos de las mujeres entre 2020 y 2022, el 40 por ciento de las víctimas eran mujeres trans activistas, y que a las mujeres indígenas y afrodescendientes se les atacaba de manera desproporcionada.
Las defensoras de derechos humanos ambientales corren un riesgo especial: entre 2016 y 2019, se registraron 1698 ataques contra defensoras de derechos humanos ambientales en México y Centroamérica, según un informe de ONU Mujeres.
¿Cuáles son los efectos de la violencia en las mujeres activistas y sus comunidades?
La amenaza de violencia, incluida la violencia sexual, se utiliza con frecuencia para silenciar a las defensoras de derechos humanos, socavar su trabajo y su participación en la vida pública.
Las mujeres activistas corren el riesgo de ser víctimas de femicidios u homicidios por razones de género, amenazas de muerte, violaciones, ataques con ácido, arrestos arbitrarios, detenciones y desapariciones forzadas por motivos de género. También han sido objeto de acciones jurídicas estratégicas contra la participación pública por parte de empresas en un intento de intimidarlas y silenciarlas. Las familias también están en riesgo: la Fundación Kvinna till Kvinna descubrió un aumento sustancial en el número de activistas por los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ cuyos familiares han sido atacados por el trabajo de estas defensoras.
La combinación de amenazas físicas y jurídicas provoca un gran estrés en el bienestar mental y emocional de las defensoras de derechos de las mujeres, lo que puede afectar aún más su trabajo, según un informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La persecución de las defensoras de los derechos de las mujeres también ha tenido lugar en un contexto de reducción general de la financiación destinada a los derechos de las mujeres en los últimos años. De las personas que respondieron a la encuesta de la Fundación Kvinna till Kvinna, el 45 por ciento dijo que cada vez era más difícil encontrar financiación para su trabajo.
Además, las organizaciones por los derechos de las mujeres reciben en su mayoría fondos para proyectos específicos y en menor medida fondos para sus operaciones generales, lo que limita sus posibilidades de fortalecer las capacidades institucionales y mantener el trabajo más allá de los ciclos de los proyectos. La financiación para la protección y el cuidado personal y colectivo a menudo no figura en la financiación orientada a los proyectos.
¿Qué protecciones jurídicas existen para las defensoras de los derechos de las mujeres?
A nivel internacional, el derecho a participar de la vida pública, incluida la promoción y protección de los derechos humanos, es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, insta a los Estados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con la vida política y pública del país. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998 también establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover los derechos humanos en los planos nacional e internacional.
En 2013, la Asamblea General adoptó una resolución en la que se insta específicamente a los Estados a proteger a las defensoras de derechos humanos, a respetar y apoyar sus actividades, y a crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género.
Esas resoluciones, declaraciones y pactos transitan de la mano de otras acciones a escala internacional, incluidas las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, organismo experto de las Naciones Unidas.
Las leyes locales relativas a la protección quienes defienden los derechos humanos varían según el país.
Según el Servicio Internacional por los Derechos Humanos, 62 países cuentan con al menos un mecanismo vigente para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Algunos de estos instrumentos son más eficaces que otros para proteger a activistas, pero muchos de ellos no tienen en cuenta la perspectiva de género para abordar las necesidades específicas de las defensoras de derechos humanos.
¿Qué estrategias son eficaces para prevenir la violencia contra las defensoras de derechos humanos?
Los Estados deben otorgar protección prioritaria a los derechos de las defensoras de derechos humanos y derogar las leyes que restrinjan su trabajo o las discriminen.
Los Estados también deben garantizar la investigación eficiente y efectiva de la intimidación, las amenazas, la violencia y otros ataques contra las defensoras de derechos humanos. Las autoridades deben considerar seriamente estas amenazas y garantizar que las entidades responsables comparezcan ante la justicia, de modo tal que se salvaguarde, al mismo tiempo, la dignidad y seguridad de las defensoras de derechos humanos. Los Estados también deben emplear mecanismos de protección rápidos, flexibles y receptivos, como la reubicación urgente de emergencia, la asistencia jurídica y el acompañamiento de las defensoras en riesgo.
Algunas de las políticas gubernamentales propuestas pueden verse en el Protocolo de la Esperanza, una hoja de ruta de políticas dirigidas a los Estados de América Latina que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres. Ese programa proporciona orientación a los Gobiernos, al poder judicial, a periodistas y a las propias defensoras de derechos humanos sobre las mejores prácticas a la hora de hacer frente a las amenazas.
Las defensoras de derechos humanos también trabajan juntas para coordinar su propia protección y garantizar que todas tengan información actualizada acerca de los riesgos potenciales.
ONU Mujeres y organizaciones de la sociedad civil como Frontline Defenders ofrecen cursos, herramientas, así como informes y análisis basados en pruebas para ayudar a las activistas a protegerse mejor a sí mismas y a sus comunidades. Un estudio de ONU Mujeres sobre el panorama de las ciberamenazas a las defensoras de derechos humanos en el sudeste asiático también contribuyó a desarrollar un curso en línea personalizado para fomentar la resiliencia cibernética de las defensoras de derechos humanos en la región.
El desarrollo de redes de seguridad (canales de comunicación y coordinación entre defensoras de derechos humanos) también puede reducir su aislamiento, permitirles plantear preocupaciones comunes y compartir consejos de manera segura.
Estas redes fueron parte integral del trabajo de ONU Mujeres en Colombia, en asociación con la Defensoría del Pueblo y 11 organizaciones de la sociedad civil, que promovieron estrategias de autocuidado y cuidado colectivo, incluida la supervisión de los riesgos y la creación de capacidades para documentar las violaciones.
Con este fin, el Programa ACT de ONU Mujeres, en colaboración con redes y coaliciones por los derechos de las mujeres, creará una plataforma mundial de la sociedad civil para poner fin a la violencia contra las mujeres. Este nuevo espacio facilitará la creación de redes y coaliciones, y optimizará la solidaridad y la atención colectiva entre las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres en general.
El programa, junto con otros trabajos de ONU Mujeres y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, los Gobiernos y las propias defensoras de derechos humanos, tiene por objetivo crear métodos de protección contra los agentes hostiles en todo el mundo, para que las defensoras de los derechos humanos puedan continuar con su indispensable trabajo.
El Maipo/ONU Mujeres
Foto central: ONU Mujeres/Johis Alarcón.
