En el debate sobre la estructura del Estado, a menudo surge la pregunta de si reducir el número de ministerios puede mejorar su eficiencia. Sin embargo, enfocar la discusión exclusivamente en la cantidad de ministerios desvía la atención del objetivo real: lograr una gestión pública efectiva, eficiente y centrada en las necesidades de los ciudadanos.
El tamaño o número de ministerios es solo un aspecto técnico que puede afectar la operación del gobierno, pero no es el elemento clave para evaluar la calidad de su gestión. Como plantea el académico B. Guy Peters en The Future of Governing, la clave para una gestión eficiente reside en la capacidad de los gobiernos para adaptarse a las demandas sociales mediante estructuras flexibles y procesos que promuevan la eficacia y la legitimidad democrática. Lo esencial es el diseño, implementación y supervisión de políticas públicas, así como la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de una sociedad diversa y en constante cambio.
Este debate ha ganado fuerza con la reciente aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad, un avance que se alcanzó gracias a un acuerdo político transversal y al reconocimiento de su necesidad en el contexto de la compleja realidad de seguridad que enfrenta el país. Este nuevo ministerio busca ofrecer respuestas más efectivas y focalizadas a las crecientes demandas ciudadanas en materia de seguridad pública. Sin embargo, su creación ha desatado un debate en el que sectores críticos han centrado sus argumentos en el supuesto aumento de la burocracia estatal, dejando de lado la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar problemas prioritarios como la delincuencia y la violencia.
El bienestar ciudadano por encima de la política contingente
Un Estado eficiente no depende de la cantidad de estructuras burocráticas, sino de cómo estas trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas. Como señala Douglas North en su teoría de las instituciones, la eficiencia de las estructuras está vinculada a su capacidad para reducir costos de transacción y fomentar la cooperación entre actores.
Un sistema con un alto número de ministerios puede ser ineficaz si existe duplicación de funciones, falta de coordinación o asignación inadecuada de recursos. Por el contrario, un Estado con pocos ministerios también puede enfrentar deficiencias si acumula demasiadas responsabilidades en áreas que no cuentan con capacidad suficiente para gestionarlas.
Por lo tanto, el verdadero foco del debate debería centrarse en cómo garantizar que el Estado cumpla con su rol de servir a la ciudadanía, promoviendo el desarrollo, la justicia social y el bienestar común. Esto implica:
• Diseñar estructuras flexibles y funcionales que puedan responder a las prioridades nacionales sin sacrificar la especialización en áreas clave. • • Asegurar recursos humanos y tecnológicos de calidad, priorizando la profesionalización y la transparencia en la administración pública. • • Establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que permitan a las instituciones responder efectivamente a las demandas ciudadanas. • Lograr esta mirada en nuestro país y generar consensos al respecto permitiría poner en el centro un mejor Estado para los ciudadanos, uno que responda con mayor eficacia y equidad a sus necesidades. La construcción de un consenso nacional alrededor de este enfoque puede ser la clave para avanzar hacia una administración pública que sea realmente inclusiva, transparente y eficiente.
Resistencia a las reformas que fortalecen el Estado
Es importante destacar que ciertos sectores políticos, especialmente de orientación de derecha, tienden a oponerse a una discusión profunda sobre lo que realmente implica mejorar la gestión estatal. Como señala Mariana Mazzucato en The Entrepreneurial State, un Estado eficiente requiere una inversión sostenida en capacidades institucionales, algo que suele encontrar resistencia debido a la lógica de austeridad fiscal.
Reformas claves, como el aumento de presupuestos para la fiscalización, el establecimiento de mecanismos sólidos para evaluar programas y políticas públicas, y el fortalecimiento de capacidades técnicas en las instituciones, tienden a quedar relegadas.
En el caso del nuevo Ministerio de Seguridad, muchos de los argumentos en contra se centraron en el supuesto aumento de la “burocracia” y en los costos asociados. Sin embargo, estos argumentos perdieron peso rápidamente, ya que el foco de esta nueva cartera es mejorar la coordinación y la eficacia en la lucha contra la delincuencia.
Un debate serio sobre estos temas requiere que los sectores críticos asuman que su negativa a asignar recursos para fortalecer la administración pública, bajo el pretexto de reducir el gasto, solo perpetúa las deficiencias estructurales del sistema.
Más resultados, menos números
El desafío, en última instancia, no es reducir o aumentar el número de ministerios, sino optimizar la gestión de recursos, eliminar barreras burocráticas y fortalecer los canales de participación ciudadana. Como bien lo afirma Merilee Grindle en Good Governance: The Inflation of an Idea, la gobernanza no es una cuestión de soluciones universales, sino de respuestas específicas a las prioridades nacionales.
Por ello, el debate debe ir más allá de la cantidad de ministerios y enfocarse en cómo se gestiona el aparato estatal en su conjunto. Preguntas clave deberían ser: ¿Se están cumpliendo los objetivos de las políticas públicas? ¿Son las instituciones accesibles, eficientes y responsables ante la ciudadanía?
Al final, el éxito de un gobierno no se mide por la cantidad de ministerios que tenga, sino por los resultados que logre. Un Estado que gestiona bien sus recursos y prioriza el bienestar de sus ciudadanos será eficaz, independientemente del número de ministerios que tenga.
Lograr esta perspectiva, construir acuerdos y poner las prioridades de los ciudadanos en el centro del debate sería un paso fundamental para construir un Estado más justo, equitativo y cercano a las demandas y necesidades de la población.
Columna publicada por Le Monde Diplomatique el 11 de diciembre de 2024.
Por Rossana Carrasco Meza. Cientista Política PUC; Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile.
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