La iniciativa, que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, tiene como base el contribuir a la reducción de la exposición a sustancias peligrosas y avanzar hacia su eliminación total en nuestro consumo.
En este sentido, la Comisión de Agricultura dio pie a la modificación de la Ley 20.656, norma que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, con el objetivo de exigir la certificación de la inocuidad del trigo importado, buscando la reducción de la exposición a sustancias peligrosas y trabajar hacia la eliminación total de éstas en los productos agrícolas, informó prensa de la Cámara de Diputados.
A la reunión, asistieron Camilo Guzmán, presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos, quién valoró la iniciativa e hizo un llamado a revisar la trazabilidad de los productos importados, apuntando particularmente a las trazas de agroquímicos prohibidos en el país, como el dicloruro paraquat, metomilo y clorpirifos, que afecta a los productores y los consumidores finales, consignó prensa de la Cámara de Diputados.
El representante del Gremio de los Agricultores, además señaló que la producción nacional del cereal alcanza a 1.100 toneladas. Las importaciones, en tanto, llegan a 995 mil toneladas. Precisó que, según datos de Cotrisa, de 2023, el primer lugar de los importadores lo tiene Canadá, con 41%. Le siguen Estados Unidos (31%), Argentina (18%), Uruguay (8%) y Paraguay (0,1%).
En el mismo tenor, el dirigente señaló la escaza fiscalización que existe a los productos importados en detrimento de la producción nacional, para finalizar que la “seguridad alimentaria no es negociable” y se necesita saber, con certeza, la trazabilidad con un control estricto de los residuos de agroquímicos. Por ello, instó a legislar con premura.
Por su parte, Carlos Berríos, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), señaló la precariedad que tiene el servicio, ya que para atender a 170 mil usuarios de la agricultura familiar campesina en el país, solo existen 1.585 funcionarios, quienes no están dotados de tecnología de punta, de los vehículos y viáticos que son necesarios para realizar sus labores, y que dentro del presupuesto 2025 no incluyen recursos para infraestructura y para mejorar las condiciones laborales y de aumento de la dotación de personal.
El Maipo
