La acusación de la Policía Federal (PF) contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otras 36 personas de su entorno, por urdir una asonada golpista, agitó Brasil en la semana noticiosa que termina hoy.
En un comunicado oficial, la PF inculpó a los implicados por crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización crimina, delitos que pueden sumar 28 años de cárcel.
De 884 páginas, el informe de investigación fue enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), que la próxima semana lo enviaría a la Procuraduría General de la República.
La PF incluyó entre los inculpados a los generales Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y Augusto Heleno, quien dirigió el Gabinete de Seguridad Institucional, hecho inédito en la solicitud relativa a oficiales de tan alto rango.
En la lista figuran además los cinco arrestados el martes (cuatro oficiales militares y un agente policial), acusados de conspirar para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vice Geraldo Alckmin y al ministro Alexander de Moraes, del STF.
Salió a la luz que los crímenes de los inquiridos fueron cometidos a partir del conjunto de elementos reunidos durante la pesquisa.
Por vez primera, Bolsonaro, un presidente electo en el período democrático, es acusado de ser responsable de conspirar contra la democracia en el país.
Las investigaciones demuestran que los acusados se estructuraron por división de tareas. Esto habría permitido la «individualización de las conductas y la constatación de la existencia de grupos», según la PF.
Entre los grupos está el de desinformación y ataques al sistema electoral, y otro responsable de «incitar a militares a que se unan al golpe de Estado».
Asimismo, hay un núcleo jurídico, el operativo de apoyo a las acciones golpistas, el de inteligencia paralela y el de operaciones para cumplimiento de medidas coercitivas.
El grupo de peritos policiales aglutinó mensajes de celular, videos, grabaciones, testimonios de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y un conjunto de pliegos.
Igualmente, la PF recuperó diálogos con contenido golpista y escuchó informes que confirman la confidencia de Cid.
El siguiente paso es que la Fiscalía General, después de recibir el informe con el visto del Supremo, analice todo lo agrupado por la PF y decida si denuncia o no a los implicados.
Se espera que el fiscal general, Paulo Gonet, no presente la acusación hasta el año próximo.
Gonet, tiene tres caminos a seguir, como destacó el abogado criminalista Gustavo Scandelari: concluir que hay indicios suficientes y presentar la denuncia para iniciar el proceso penal contra los acusados, solicitar más diligencias por creer que es necesario profundizar las investigaciones o archivar.
El Maipo/PL
