a corrupción no se detiene. Con el caso videos, el abogado Luis Hermosilla, servil empleado de la clase dominante, ha dejado nuevamente al desnudo la crisis moral que recorre el país Los hermanos Jalaff y los Sauer, empresarios inescrupulosos, han utilizado a Hermosilla para multiplicar sus turbios negocios financieros, con la complacencia de funcionarios del Poder Judicial, del Sistema de Impuestos Internos (SII) y de la Corporación del Mercado Financiero (CMF).
Los videos del lobista han golpeado a la Corte Suprema, afectando directamente a los ministros Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, los que enfrentan una acusación constitucional del Parlamento. Pero, la derecha, fiel al empate político, extiende la acusación, por motivos muy distintos, al ministro Sergio Muñoz.
El caso videos alcanzó el ámbito político, comprometiendo al exministro Andrés Chadwick, quien compartía oficina de abogados con Hermosilla. Y, a partir de ese vínculo, aparece el insólito caso de Marcela Cubillos, quien recibía por una discutible actividad académica, 17 millones de pesos mensuales en la Universidad San Sebastián, cuyo presidente es precisamente Chadwick.
Cubillos es una mujer de escasa empatía que, en su infinita soberbia, ha defendido el exorbitante salario que recibe con el argumento que la universidad privada tiene derecho a pagar lo que estime conveniente. Agrega, en su defensa, que ella es una magnífica profesora, reconocida por sus alumnos, los que, sin embargo, desconocen haberla visto en el recinto universitario.
Todo indica que la Universidad San Sebastián, bajo el mando de Chadwick no es una casa de estudios, sino institución financista de miembros destacados de la UDI, entre los que destacan no sólo la Cubillos, sino también Felipe Ward, Rodrigo Ubilla, Arturo Zúñiga, Rodrigo Álvarez y Julio Isamit. El financiamiento de la Cubillos y de otros activistas dela UDI resulta ilegal y poco ético, ya que gran parte, de los recursos de esa Universidad tienen origen público, en el CAE y becas estudiantiles.
La corruptela, que conocemos en democracia, es una saga que se inicia con los casos de platas políticas y facturas falsas de SQM y Penta los que, para tragedia de país, fueron entregados al fiscal Manuel Guerra (también miembro de la Universidad San Sebastián). Este fiscal se mofó del país al sancionar con clases de ética a los empresarios Délano y Lavín, operadores de Penta y, también, es responsable de liberar a los ejecutivos a políticos, inculpados en el caso SQM.
No sólo Hermosilla es entonces un disciplinado empleado del mundo empresarial, sino también lo es el exfiscal Guerra. Ambos, por un dinero sucio o algún otro tipo de prebenda, han protegido los negociados empresariales y también a políticos inescrupulosos, que sirven al poder empresarial a cambio de algunas monedas.
Así, el país se hunde en una corrupción incontrolable y las instituciones se deterioran sin remedio. Y, como es manifiesto, la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones que la deben proteger.
La corrupción y el deterioro de las instituciones no sólo afectan los derechos ciudadanos, sino también la vida económica del país. El Parlamento, por ejemplo, ha elaborado leyes que favorecen a las grandes empresas pesqueras y que afectan a los pescadores artesanales. Por otra parte, Corfo amplía los derechos de explotación del litio en el salar de Atacama, favoreciendo a Soquimich, premiando indebidamente a Ponce Lerou. Tampoco las instituciones sancionan debidamente la colusión de precios, como en los casos de las farmacias, el papel y los pollos, entre otros.
El resultado es el de siempre. Ganancias extraordinarias para las grandes empresas y un mayor costo económico para los consumidores, pymes, clientes pobres y de clase media; o sea, para todos los que viven de modestos ingresos.
El modelo neoliberal ha impuesto el individualismo y la pasión por el dinero, arrasando con los valores de ética pública que nos legaran Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende.
El país austero y honrado de nuestros abuelos ya no existe. Hoy no podemos estar orgullosos de nuestro país. Chile es un país corrupto.
Los delincuentes de “cuello y corbata”, que roban en gran escala, expolian a los consumidores y a clientes modestos son un ejemplo para “los flaites” que asaltan en las calles. Peor ejemplo aún es que no sufran sanciones de cárcel, gracias a la protección que reciben de las instituciones públicas.
Esta historia lamentable tiene antecedentes en el régimen de Pinochet. Junto a los robos del dictador, la corrupción institucionalizada se inicia con las privatizaciones de las empresas públicas, que encabezó Buchi. Éstas enriquecieron a un grupo de personas, cuyo único mérito fue encontrarse en el momento propicio en los círculos de la nomenclatura tecnocrática militar. Los casos más representativos son los de Yuraseck, Ponce Lerou y Roberto de Andraca, quienes de la nada se convirtieron en grandes empresarios. Y, lamentablemente, la Concertación fue incapaz de revertir este latrocinio.
La acumulación de rentas que favoreció a esos “nuevos empresarios” -lumpen burguesía los llamaba Andre G. Frank- no se originó en ninguna “capacidad emprendedora”, ni tampoco fue producto del libre mercado. Los economistas formados en Chicago utilizaron sus posiciones de gobierno para hacerse de paquetes accionarios o entregar información privilegiada a sus amigos para que se hicieran cargo, a precio vil, de las empresas públicas más rentables de Chile.
Además de las privatizaciones, el enriquecimiento empresarial en Chile provino también de la formación de las AFP, las ISAPRES y la transformación de la enseñanza en un negocio privado. Todas estas actividades se constituyeron en una fuente privilegiada de acumulación de ganancias para los ricos del país. Lo social se transformó en negocio.
Luego en democracia, cuando los militares retornan a sus cuarteles, el empresariado corrompe transversalmente a políticos, sentándolos en los directorios de sus empresas y también financiando sus campañas parlamentarias. Así, aseguraron ampliar sus ganancias, sin tener que mejorar sus posiciones competitivas. De la protección militar pasaron entonces a la protección política.
La corrupción se ha generalizado en el país y nadie la controla.
Columna publicada por Le Monde Diplomatique el 27 de septiembre de 2024.
Por Roberto Pizarro Hofer. Economista colaborador de El Maipo
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
