La probidad y la honestidad en el servicio público son claves para legitimar cualquier propuesta de Gobierno local.
Lamentablemente, en estos últimos años, esta norma básica del servicio público ha sido cada vez menos frecuente en las prácticas que día a día observamos en la gestión de las municipalidades de nuestro país.
Fenómenos como el clientelismo y la compra de voluntades a través de diversas formas de cohecho se han tornado demasiado frecuentes y cercanas. El secuestro de los partidos políticos por parte de caudillos que se apropian de territorios a nivel distrital y local se entremezcla con formas de corrupción diversas.
Ese acto básico de querer capturar la adhesión de la vecina o el vecino a través de un pequeño favor, una pequeña donación, algo que no parece tan importante pero que de alguna manera demuestra la “generosidad” de la autoridad, o del candidato que quiere ser autoridad, es la partícula sobre la cual se cimienta de manera progresiva la corrupción en tantas y tantas municipalidades a lo largo de nuestro país.
Luego, esa partícula se asocia a otras nuevas y genera formas más complejas y duras de clientelismo. Por ejemplo, acceder de manera arbitraria a empleos municipales, o a subvenciones para organizaciones sin fines de lucro, o permisos y patentes para desarrollar negocios en la comuna, entre otras posibles.
Entonces, a la hora de reaccionar a situaciones graves de corrupción, son esos pequeños detalles, muchos de los cuales van escalando en importancia, los que van construyendo un dique de contención para que muchas personas miren para el lado y favorezcan el que se vaya consolidando una forma corrupta de gestionar los asuntos públicos locales.
Los ejemplos abundan y suman miles y miles de millones. La ex Alcaldesa de Maipú Katy Barriga está formalizada por más de 30 mil millones de pesos; El ex Alcalde de Vitacura Raúl Torrealba quien escondía 2.500 millones de pesos en la pared de su casa; o la ex Alcaldesa de Viña del Mar cuyo monto defraudado va llegando a los 100 mil millones de pesos.
También resalta el caso de Sergio Echeverría quien debe responder por 10.210 millones de pesos, el caso de mayor relevancia en la centro-izquierda (PPD).
El listado de la derecha es largo y el pozo abultado. Según reportajes de periodismo de investigación (El Clarín, 18 de mayo de 2024; pero también El Mostrador, Ciper Chile, entre otros) de los 176.688 millones defraudados, 163.576 millones (92,6%) corresponden a alcaldes o alcaldesas de derecha; mientras que ediles asociados partidos del llamado socialismo democrático alcanzan los 13.005 millones de pesos (7.4%).
Por parte de los partidos de izquierda, solo aparecen reportados 20 millones de pesos asociados al Partido Comunista, lo cual alcanza al 0,01 % del total informado.
Por otra parte, el Frente Amplio, principal partido del Gobierno, no está asociado a ningún caso de corrupción municipal a la fecha.
En nuestro territorio, la Provincia de Talagante, parte del distrito 14, las cosas no parecen estar mucho mejor. Cuestionamientos a la probidad en la gestión de varias municipalidades y el abuso de poder de las autoridades que representan nuestro distrito son frecuentes.
Conocido es el férreo control que a través de redes de clientelismo político permitió a Francisco Gómez gobernar sin contrapeso durante 20 años en El Monte.
O la red de influencias que ha urdido el Diputado Raúl Leiva para sostener un control estricto de buena parte del territorio del Distrito 14 a través de alcaldías, Consejeros Regionales, Concejales Municipales y funcionarios. Esta red, además, considera una amplia participación en el “negocio de las notarías” en donde la familia del Diputado tiene amplia y directa participación en esta “industria”, la cual se extiende a conservadores de bienes raíces, entre otros, todo lo cual permite disponer de una caja de dinero y de influencias políticas, al estilo de lo que hemos visto en el caso Hermosilla estos últimos días. Situaciones que están siendo investigados por el Ministerio Público (Ciper Chile, 30 de junio de 2024).
Dada esta compleja situación es urgente preguntarse cuál es el rol principal que debe demandarse a los Concejales que acompañarán a los nuevos gobiernos locales a partir de enero de 2025.
El Concejal es un representante de los vecinos y vecinas frente al poder de la Alcaldía. En la actual situación, tendremos que concordar que el rol clave del Concejo Municipal es convertirse en el principal freno frente al actual descontrol y falta de probidad en los gobiernos municipales.
Pero, para avanzar en ello se requiere que los Concejos Municipales se fortalezcan y que los partidos políticos en este proceso asuman que están al debe con sus comunidades.
Hoy en El Monte todos, o casi todos, están en un juego de máscaras. Todas las candidaturas a la Alcaldía se presentan como independientes, sabiendo que sus historias dicen otra cosa.
Pero la gestión municipal requiere transparencia y es necesario saber quiénes son los que acceden a los cargos de representación. No basta la simpatía hacia alguien, o que tal o cual me regaló esto o lo otro. La inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas son personas de esfuerzo y trabajo, personas con necesidades diversas, algunas muy acuciantes, pero que viven con dignidad y esperan ser tratados con esa misma dignidad.
La construcción de un trato digno con nuestros vecinos y vecinas pasa en primer lugar por la transparencia. Saber quién es quién. Por ese motivo, todos los candidatos del Frente Amplio se presentan como tales, nuestra responsabilidad tanto en lo local como en lo nacional es clara.
Por otra parte, nuestros candidatos surgieron de un proceso de validación ética, buscando poner a disposición de las comunidades personas con competencias demostrables para desempeñar los roles que la ley le asigna.
El Frente Amplio es una fuerza nueva, el partido político más grande del país una vez concretada la unificación de las cuatro fuerzas que lo integraban como movimiento. El Partido del Presidente Boric, con un domicilio conocido, con la responsabilidad de conducir y generar avances para las grandes mayorías del país en un periodo complejo con una oposición intransigente y obstruccionista y que, además, está desbordada por la corrupción de sus liderazgos locales.
Miguel Jara Gómez. Antropólogo Social, Magister en Educación y Comunicador Social, colaborador de El Maipo.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
