Con la presencia del presidente Gabriel Boric el PNUD entregó a la opinión pública su informe de Desarrollo Humano 2024 sobre Chile. Un documento interesante, con detalladas fuentes y entrevistas a ciudadanos, que acierta en el diagnóstico, pero que muestra limitaciones en su intento de proponer avances en favor del desarrollo sostenible.
Dice, con razón, que la ciudadanía, a pesar de los cambios ocurridos en el país en las primeras décadas de la transición, considera que las deudas sociales más importantes todavía no se pagan y menciona las insuficiencias en la salud pública, las pensiones misérrimas y la persistente desigualdad de ingresos.
Así las cosas, está instalado en la mayoría modesta que los cambios profundos, prometidos y esperados, en materia de derechos y protección social, han sido insuficientes o simplemente no han ocurrido. A esas deudas pendientes se agrega, en años recientes, el incremento de la delincuencia, especialmente los delitos violentos.
De acuerdo con las entrevistas en los grupos focales del estudio del PNUD, las personas atribuyen a los liderazgos políticos y al empresariado el incumplimiento por sus demandas, a lo que agregan el estancamiento y el deterioro que ven en el país.
Estos actores serían, según la ciudadanía, los “villanos” del cambio en Chile. “Se les acusa de priorizar sus intereses, ya sean electorales o económicos, en desmedro del bienestar de la población, de desconocer las verdaderas necesidades de las personas, de falta de voluntad para construir acuerdos y de bloquear iniciativas de cambio beneficiosas para el país. En el caso del gran empresariado, a las críticas anteriores se añade la percepción de que son poco solidarios y abusivos”.
Y se señala que los grupos privilegiados, con su inmenso poder económico, desempeñan un papel principal en el freno a los cambios mediante el control de los medios de comunicación y también con el financiamiento de partidos, campañas y centros de pensamiento y, por cierto, mediante el lobbismo.
El Informe también se refiere a la situación económica estructural del país, con un acertado diagnóstico.
Destaca su preocupación por el tipo de modelo de desarrollo chileno, cuyo carácter extractivista ha conducido a una notoria degradación ambiental, con graves problemas de contaminación, asunto especialmente sensible para los organismos internacionales y los objetivos de desarrollo del milenio (ODM).
Agrega que el modelo extractivista ha generado también una preocupante estructura exportadora con bienes de escaso valor agregado; mientras, por otra parte, ha provocado una elevada concentración de la riqueza, donde el 1% más rico obtiene el 33% del ingreso total generado por la economía.
Se señala además que, desde la década de 2010, el país experimenta un bajo crecimiento económico con un PIB tendencial que cae de tasas en torno al 5% y el 6% en los años 2000 hasta alrededor del 2% en la actualidad. A ello se agrega un deterioro sistemático de la productividad desde hace 20 años, y una escasa inversión en investigación y desarrollo.
Hasta aquí íbamos bien. Buen diagnóstico, pero las sugerencias del PNUD para responder al estancamiento económico y a las deudas ciudadanas pendientes no apuntan, en mi opinión, en una dirección correcta.
En el capítulo que el informe denomina Condiciones por Construir que, en realidad, son sus sugerencias en favor del desarrollo humano, nos encontramos con lo siguiente. Se sugiere promover el crecimiento económico como imperativo, condición indispensable, para fortalecer la base económica y avanzar así hacia un mayor Desarrollo Humano Sostenible.
Se señala textualmente que “el crecimiento económico desempeña un papel fundamental en la concreción de cambios sociales y fue determinante en la expansión del gasto social, la notable reducción de la pobreza y el incremento del bienestar experimentado por el país desde la década de 1990; sin embargo, desde la década del 2010 se registran bajas tasas de crecimiento”.
Aquí es donde el informe no apunta en el blanco y repite el mismo error que ha sido transversal en políticos y economistas chilenos, de variados signos: confundir desarrollo con crecimiento.
En efecto, poner el énfasis en el crecimiento y no en los componentes del desarrollo impide observar si el trabajo es decente o informal, si todas las regiones se incorporan a ese crecimiento, si las pymes se ven beneficiadas, si las mujeres alcanzar la igualdad de derechos y cómo ese crecimiento incide en los impactos ambientales, entre otras cosas.
Guyana es un buen ejemplo reciente sobre el fallido discurso sobre el crecimiento. En efecto, ese país nos muestra que tuvo en el año 2022 un crecimiento económico del 60% y de 33% en 2023, gracias al descubrimientos y explotación de abundantes pozos petroleros. Pero nadie puede decir que ese notable crecimiento económico se ha traducido en el desarrollo de Guyana y menos en un desarrollo sostenible.
Sorprende entonces que el PNUD destaque el “papel fundamental del crecimiento” cuando precisamente en su diagnóstico muestra alta preocupación por la canasta exportadora sin agregación de valor existente en Chile y por los impactos ambientales del modelo de desarrollo extractivista. O sea, el Informe insinuaba que no le gustaba ese modelo de desarrollo, pero luego en sus sugerencias no lo cuestiona y más bien lo acepta.
El extractivismo no solo es malo por sus limitación exportadora y medioambientalista, sino porque ese modelo concentra la actividad económica sólo en ciertos focos productivos y la actividad económica no se difunde a todo el territorio nacional; porque, no genera suficiente trabajo y, en cambio, favorece el aumento de la informalidad; porque además hay evidencia que sus principales focos productivos se encuentran agotados en el cobre, la pesca y el sector forestal.
Hay que decir adicionalmente que la productividad estancada y el desinterés privado y estatal por la innovación sólo pueden ser superadas con la emergencia de frentes productivos, diversificando la economía y avanzando hacia la industrialización. Es decir, con una estrategia de desarrollo productivo.
Entonces la conclusión lógica que debió haber obtenido y sugerido el PNUD al gobierno, al empresariado y a los políticos chilenos es modificar el modelo extractivista antes que insistir en un crecimiento sin apellido, el que entrega recursos fiscales, pero mantiene intocada la estructura económico y social de desigualdades.
En estos días, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, entregaba el informe económico 2024 para América Latina y colocaba el énfasis de sus recomendaciones en impulsar políticas de desarrollo productivo, centrada en los sectores que generan, preocupado precisamente por el extractivismo que recorre toda la región.
En suma, para enfrentar las limitaciones productivas, un crecimiento agotado, el deterioro medioambiental, una productividad estancada, la escasa innovación y sus consecuencias en el trabajo y, en general, en el mundo social, es preciso cambiar el modelo extractivista e iniciar el camino de la industrialización.
Aunque la reforma constitucional no se hizo efectiva, la ciudadanía sigue molesta con las desigualdades y atribuye un rol central al Estado para impulsar cambios en la vida social. Por tanto, será la propia ciudadanía la que deberá movilizarse y presionar para modificar el modelo de desarrollo y encontrar soluciones a las deudas sociales pendientes. Esta es la condición para avanzar hacia los objetivos de desarrollo del milenio, promovidos por Naciones Unidas.
Por Roberto Pizarro Hofer. Economista colaborador de El Maipo
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
