Es cierto que se requieren mejores políticas represivas para enfrentar en lo inmediato la delincuencia y el crimen organizado, pero ello no basta.
Una cárcel de alta seguridad y una fuerza de tarea especial, que incluye 500 nuevos carabineros para la Región Metropolitana, son las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la ola de delincuencia que recorre el país y especialmente Santiago.
Pero los homicidios y robos no se reducirán con la cárcel propuesta ni con más carabineros.
Está bien que haya una cárcel de alta seguridad, incluso debieran mejorarse todas las cárceles del país, para convertirlas en lugares decentes, que sirvan para reeducar a los delincuentes y reintegrarlos a nuestra sociedad.
En primer lugar, para construir seguridad y frenar la delincuencia se requiere de la participación de toda la sociedad y no solo del Gobierno Central. Es necesario que participen los gobiernos regionales, municipios, organizaciones comunitarias de base, ONGs, iglesias y centros educacionales.
Segundo, el Gobierno debiera intervenir con una estrategia integral. Ello significa que, además de los contingentes policiales, le corresponde multiplicar en las poblaciones vulnerables los programas públicos de inversión en salud, educación, cultura y deportes, y en apoyo a las organizaciones ciudadanas.
Entonces, en vez de discutir hoy día dónde se instala la cárcel de máxima seguridad, en una disputa inconducente entre Gobierno y municipios, se debería estar conversando sobre los recursos y programas públicos necesarios para que las familias pobres y, sobre todo, los niños y jóvenes de las poblaciones tengan mejores escuelas, centros culturales e instalaciones deportivas, para que sus vidas tengan un futuro de esperanza, alejado de la droga y la delincuencia.
Así las cosas, el Estado puede lograr una presencia integral en los barrios, pero no solo como consecuencia del accionar policial, sino en un cambio de paradigma, que incluiría el trabajo masivo de gestores culturales, promotores deportivos, educadores y asistentes sociales.
Una presencia integral y generosa del Estado en las poblaciones vulnerables es lo que puede contrarrestar la rabia, el resentimiento y la soledad de los excluidos, que son los factores generadores de la delincuencia y también los que favorecen el reclutamiento de los jóvenes por las mafias del narcotráfico.
No podemos ocultar que los excluidos de los beneficios del sistema económico actual viven hacinados en casas pequeñas. Las madres (casi siempre jefas de familia) tienen que desplazarse muchos kilómetros para ir a trabajar al barrio alto, como empleadas domésticas o en trabajos informales. Sus hijos, sin centros educativos ni espacios deportivos adecuados, se encuentran expuestos desde temprana edad a un medio riesgoso, a una vida de calle, donde imperan el microtráfico y la delincuencia. Los excluidos están marcados por la desesperanza y esta es la mejor amiga de la violencia.
El resentimiento y la delincuencia se hacen incontenibles cuando la modernidad de los malls se despliega en un marco de desigualdades de ingreso, salud, educación y exclusión cultural.
Así crece la violencia de los excluidos. Jóvenes de poblaciones marginales, muchos menores de edad, educados en escuelas inútiles, se desplazan por las calles para asaltar, robar mercancías y autos de marca. El gatillo fácil está a la orden del día, facilitado además por la instalación del narcotráfico.Nada les importa porque no hay nada que perder. No discriminan blancos, atacan de forma anárquica y mueren personas inocentes.
La respuesta es contar con un Estado activo y una participación ciudadana que favorezcan la integración. La violencia se erradica con educación, integración social y territorial, construyendo una sociedad que valore las relaciones entre los seres humanos, en vez de las relaciones de las personas con las cosas.
Es cierto que se requieren mejores políticas represivas para enfrentar en lo inmediato la delincuencia y el crimen organizado, pero ello no basta.
Se precisa una estrategia integral del Estado en las poblaciones marginales, con masivas políticas sociales y recursos apropiados.
¿Por qué no agregar entonces a esos 500 carabineros, que se destinarán a la Región Metropolitana, otros 500 profesores, 500 psicólogos, 500 gestores culturales y 500 promotores deportivos?
Y, por cierto, ese trabajo integral del Estado debe ser acompañado por los gobiernos regionales, municipios, iglesias, ONG y organizaciones ciudadanas.
Por Roberto Pizarro Hofer. Economista colaborador de El Maipo
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
