El Partido Comunista de Chile (PCCh) pidió hoy al Ministerio Público remover a la fiscal Giovanna Herrera, quien lleva el caso del exalcalde Daniel Jadue, tras las denuncias de que ejerció presiones para inculparlo.
Jadue está imputado por varios delitos en su calidad de presidente de la asociación que agrupaba a los municipios donde se habían implementado las Farmacias Populares, para la venta de medicamentos a la población a precios justos.
En una entrevista exclusiva con Radio Biobío, el exsecretario ejecutivo de la asociación y también inculpado en el caso, Matías Muñoz, aseguró que la fiscal lo presionó para que diera declaraciones falsas contra el exalcalde.
Según Muñoz, Herrera le ofreció sacarlo de prisión si decía que estuvo presente en una supuesta reunión en la que se habría planificado el delito de cohecho.
“Hoy se confirma que el ánimo de la Fiscalía ha sido siempre dañar la reputación personal y política de nuestro compañero Daniel Jadue, menoscabando su imagen pública y el proyecto antineoliberal que se estaba desarrollando en la comuna de Recoleta”, denunció el PCCh.
Recordó la organización que la Fiscalía logró privar de libertad a Jadue el tiempo suficiente para que perdiera su calidad de alcalde de la municipalidad de Recoleta, manteniendo hasta el día de hoy la medida cautelar de arresto domiciliario y la incautación de sus bienes.
“La declaración de Matías Muñoz es demostrativa de la falta de objetividad e imparcialidad de la Fiscal Giovanna Herrera”, señala el partido.
Advierte que además Herrera enfrenta una querella por el delito de prevaricación por estos antecedentes y por conflicto de intereses debido a su relación de parentesco con quien desarrolló un proyecto similar a Farmacias Populares pero financiado por grandes empresas, Farmacias SQM Fracción.
El Partido Comunista busca que se garantice la transparencia y la adhesión del proceso penal chileno a un sistema democrático en que se cumplan los estándares de objetividad, imparcialidad e independencia de las instituciones de justicia, principalmente del ente persecutor: la Fiscalía.
El Maipo/PL
