Según las Naciones Unidas (ONU), los hechos corruptivos acaparan más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a escala planetaria. De los 13 mil millones de dólares que los gobiernos destinan para sus presupuestos nacionales, cerca del 25 por ciento se diluye entre las arenas movedizas de prácticas ilícitas.
A inicios de mayo, Lachezara Stoeva, presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU (https://www.un.org/ecosoc/es/president-ecosoc), reconoció los efectos perjudiciales de la corrupción, la cual conspira contra el esfuerzo de un desarrollo sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 16, que enfatiza la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, señala que “los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/).
El costo de la corrupción tiene no solo consecuencias financieras; además debilita la promoción de iniciativas para proteger los recursos naturales. Según Stoeva, la corrupción también aumenta la pobreza y la desigualdad, erosiona la confianza y la cohesión social y debilita la estabilidad económica y política.
La pérdida de la credibilidad ciudadana con respecto al Estado constituye, en parte, un corolario directo de la corrupción de la dirigencia política o administrativa de un país.
El sitio web de la Deutsche Welle (DW), servicio alemán de comunicaciones, define la corrupción como “una práctica que consiste en el mal uso de las funciones para obtener beneficios personales. En la política, es el abuso de poder en beneficio personal o de intereses corporativos” (https://www.dw.com/es/corrupci%C3%B3n/t-38371376).
Pero mucho más interesante que la simple definición del fenómeno es el panorama de noticias y titulares que presenta la DW los últimos meses bajo el título “Corrupción” (https://www.dw.com/es/corrupci%C3%B3n/t-38371376). Se trata de flashes ejemplificadores de esta práctica tan extendida en la geografía mundial.
Como la detención el pasado 9 de mayo (invalidada por la Corte Suprema dos días después) del ex primer ministro pakistaní Imran Khan, apartado del poder mediante una moción de censura e investigado por un caso de corrupción.
O la corrupción de los oligarcas ucranianos. Según la Deutsche Welle, para avanzar hacia su integración europea Ucrania debe combatir la corrupción y reducir la influencia de sus oligarcas en la política. Este tema ocupó el centro de atención de la Unión Europea durante las aceleradas tratativas de Ucrania para integrarse a la UE. En 2021, un año antes del inicio de la guerra Rusia-Ucrania, el Tribunal de Cuentas Europeo, encargado de controlar los ingresos y los gastos de los Estados de la Unión Europea, afirmó que “Ucrania lleva muchos años afectada por la gran corrupción” que afecta al Estado. Deutsche Welle comentó que, a pesar de que la Unión Europea había introducido varias iniciativas para reducir las posibilidades de corrupción, ésta todavía constituye un problema clave en Ucrania.
Otro caso flagrante, según el servicio alemán, se localiza en Turquía, donde “los arquitectos e ingenieros achacan la tragedia de los recientes sismos (de febrero de este año) a violaciones de normas de construcción” y al gran negociado inmobiliario.
El portal alemán desnuda con sus análisis e información a regiones enteras. En enero de 2013 se refirió a la renuncia del presidente de Vietnam en medio de un escándalo por sobornos y a las investigaciones al líder de la oposición surcoreana interrogado por casos de corrupción. A fines de diciembre de 2022 analizó el pedido de información de Grecia a Panamá sobre las cuentas de la ex europarlamentaria acusada de recibir sobornos de Qatar. Este escándalo, que involucró a varios diputados del Parlamento Europeo a fines del año pasado, repercutió notablemente en el Viejo Mundo. Varios parlamentarios europeos fueron imputados por presuntos sobornos a cambio de promover una buena imagen de Qatar y Marruecos: grandes sumas de dinero para lavar la cara de dos regímenes devaluados en la escena internacional.
En noviembre de 2022, ese mismo medio informó sobre la imputación de diez extranjeros y nacionales en Colombia por negociados ilícitos con la empresa brasilera Odebrecht; la acusación en Filipinas de un ex director de prisiones, presuntamente involucrado en el asesinato de un periodista que investigaba la corrupción en el sistema carcelario, y la investigación de un funcionario superior del banco central chino por manejos abusivos. En septiembre puso el visor en el asesinato de Jeff German, experimentado periodista norteamericano que investigaba desde años la corrupción en Las Vegas.
Este último semestre la Deutsche Welle publicó una segunda noticia latinoamericana en relación con la corrupción. Se trata del acuerdo alcanzado en abril entre la ONU y el Gobierno hondureño de Xiomara Castro para el envío a ese país de una misión internacional contra la corrupción. Promesa de campaña de la mandataria, que trata de llevar a la práctica una gestión transparente con aprobación de la comunidad internacional.
La lupa sobre el índice
Transparencia Internacional, una organización especializada en el tema, es contundente con respecto a la corrupción internacional: en su mayor parte, el mundo sigue sin combatirla de lleno. Según su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022 (https://www.transparency.org/en/cpi/2022), un 95 por ciento de los países evaluados registran avances mínimos o nulos desde 2017 hasta el presente.
Según dicho índice, basado en una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción), 43 naciones no registran cambio alguno en los últimos 11 años. Más de las dos terceras partes del total de países se confronta con problemas graves, con un puntaje por debajo de 50, es decir, “reprobados”.
Desde su creación en 1995, este índice constituye una referencia de primer nivel como indicador de corrupción en el sector público. Sin embargo, el mismo no escapa a serios cuestionamientos debido a que la mayoría de sus fuentes expresan, fundamentalmente, la percepción de empresarios, expertos y funcionarios de agencias como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y de empresas privadas de consultoría y de evaluación de riesgos.
Una de las voces más críticas del Índice de Transparencia Internacional ha sido la del intelectual mexicano Pablo González Casanova, fallecido recientemente. Ya en 2007, en un célebre trabajo sobre el tema, afirmaba: “Definir la corrupción requiere examinar una carga ideológica hegemónica de la que no siempre hay conciencia. Las fuerzas dominantes definen lo que es y no es corrupción, y califican a quienes son y no son corrompidos”. Según Casanova, “desde el neoliberalismo proliferan los expertos en corrupción con ‘fundaciones’ contra la corrupción, como ‘Transparencia Internacional’. Muchos de ellos –como los “pobrólogos” y los defensores de los “derechos humanos” — son auspiciados por el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los gobiernos imperialistas”. (https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/416trabajo.pdf).
Ojo evaluador de frágil mirada
Según Transparencia Internacional, el análisis de sector público incluye, entre otros aspectos, los sobornos, la malversación de fondos del Estado, los funcionarios que se aprovechan de sus cargos para beneficio personal, la capacidad (o incapacidad) de los gobiernos para prevenir hechos ilícitos, la excesiva burocracia que facilita irregularidades, el nepotismo en la designación de cargos, la legislación que favorezca la declaración de bienes personales por parte de los responsables públicos y los mecanismos que aseguren la protección legal de los denunciantes.
La mirada evaluativa de Transparencia Internacional no cubre el fraude fiscal, los movimientos ilícitos y el blanqueo de fondos, y tampoco los facilitadores que promueven hechos ilegales (abogados, contables, asesores financieros, etc.).
Punto débil de estos índices macros empleados por Transparencia Internacional: la no evaluación de la corrupción en el sector privado y en las economías y mercados informales. Además, el hecho de no incorporar en el análisis las percepciones o experiencias directas de corrupción sentidas y vividas por la ciudadanía. En este índice tampoco se analiza el complejo tema del lawfare, es decir, la guerra jurídica contra adversarios políticos con argumentos relacionados a supuestos hechos corruptivos, que cada día adquiere mayor trascendencia en la política cotidiana de diversas regiones del mundo y, en particular, en América Latina (https://www.transparency.org/es/news/how-cpi-scores-are-calculated).
Pantallazo sobre las Américas
El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 afirma que “la corrupción sigue siendo un problema predominante en las Américas”, con niveles que permanecen estancados, es decir, que no muestran mejoras. Coincidiendo con el panorama mundial, el puntaje promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de sus países obtienen una puntuación inferior a 50. Transparencia Internacional también afirma que, en este continente, la dirigencia política no ha implementado medidas significativas para combatirla y fortalecer las instituciones públicas. Lo que favoreció que en muchos países redes criminales se consoliden y ejerzan un poder considerable sobre los actores políticos.
Para responder a la criminalidad y la violencia generada por las pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas que tienden a concentrar el control en el Poder Ejecutivo. Esto debilita la transparencia y la rendición de cuentas y amenaza los derechos humanos, al mismo tiempo que genera más oportunidades de corrupción y abuso.
En las Américas, la corrupción ha debilitado las instituciones públicas y facilitado que prosperen las redes criminales, desestabilizado así a los gobiernos y exacerbando la violencia en la región. Según Transparencia Internacional, “este círculo vicioso afecta en particular a las poblaciones más marginadas, como las indígenas y afrodescendientes, las comunidades LGBTQ, las mujeres y las niñas, perjudica al medioambiente e impide el buen uso de los recursos naturales”.
En lo que hace a Sudamérica, específicamente el informe señala dos casos que se deben considerar con mucha atención. En primer lugar, Brasil, donde se ha dado “la combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica”. El gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro estuvo marcado “por el desmantelamiento de las estructuras contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, la desinformación y los ataques al espacio cívico”. En enero, tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial, poniendo en riesgo la vida de muchas personas y vandalizando edificios con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder a Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente electo como el nuevo presidente.
En segundo lugar, Perú, que transita por un largo período de inestabilidad, con seis gobiernos distintos en un número casi idéntico de años. Aunque critica frontalmente al ex presidente Pedro Castillo, Transparencia Internacional reconoce que “su separación del cargo y la transferencia del poder a la vicepresidenta propició los enfrentamientos más letales ocurridos en décadas entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes, que hasta el momento han causado la muerte de más de 50 personas”.
Desafío pendiente
La corrupción es un flagelo mortífero que asfixia, en particular, a los más desposeídos del planeta. Sin embargo, es un fenómeno complejo que va mucho más allá de los simples datos que pueden aportar diversas ONGs. Datos que, mayoritariamente, incorporan la mirada sesgada de representantes del gran poder económico mundial. El desafío pendiente parece enorme: construir nuevos parámetros para medir la corrupción. Diferentes, nutridos desde abajo y surgidos desde la experiencia comunitaria y colectiva de los actores y los movimientos sociales. Los que podrán aportar esa “percepción ciudadana” de la corrupción que hoy a nadie le interesa integrar ni medir.
Por Sergio Ferrari
Fuente: El Maipo/PL
