Un clima de profunda preocupación e indignación atraviesa al campo chileno tras conocerse los detalles del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para el sector agrícola. Aunque el presupuesto general del Ministerio de Agricultura se “mantiene prácticamente estable en el papel”, el diseño fiscal evidencia una severa redistribución de fondos que golpea directamente a los pequeños productores y al desarrollo rural.
El principal foco de conflicto radica en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuya proyección presupuestaria sufre un recorte real cercano al 17,6%, al descender de $411.000 millones en 2026 a $349.000 millones para 2027.
Reducciones estructurales y programas bajo amenaza
El ajuste fiscal proyectado para 2027 impacta directamente a los instrumentos de asistencia técnica, inversión y financiamiento que sostienen la economía familiar en diversas zonas del país:
PRODESAL y PDTI: El Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) registra una disminución cercana a los $17.667 millones (un 35% de sus recursos a nivel nacional), llegando a caídas drásticas de hasta un 57,8% en regiones como Ñuble. Por su parte, el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) sufre reducciones estimadas de entre el 43% y el 66,4% según la zona.
- Crédito productivo y de largo plazo: Los fondos destinados a créditos de largo plazo caen alrededor de un 61%, limitando la capacidad de los pequeños agricultores para financiar inversiones estructurales o modernización productiva.
- Convenios y programas clave: Se reporta el término o afectación directa de iniciativas históricas como el convenio de apoyo a mujeres rurales con PRODEMU, el Plan Caprino, los Mercados Campesinos y los fondos para riego campesino y la Comisión Nacional de Riego (CNR).
¿Reorganización o recorte efectivo?
La propuesta presupuestaria plantea un marcado contraste: mientras los recursos asignados a PRODESAL y a créditos directos disminuyen de forma drástica, el Programa Desarrollo Inversiones experimenta un incremento substancial, pasando de unos $7.200 millones a más de $35.000 millones.
Este giro ha abierto un intenso debate entre parlamentarios y dirigentes rurales, quienes cuestionan si se trata de una simple reorganización de instrumentos hacia otros segmentos productivos o de un recorte efectivo en la cobertura y acompañamiento que reciben las familias más vulnerables del agro.
«Este gobierno nos ha engañado»: Movilización en la Región de Coquimbo
La respuesta social no se ha hecho esperar. En la Región de Coquimbo, cerca de 60 representantes de comunidades agrícolas, crianceros, apicultores, comuneros, regantes y Servicios Sanitarios Rurales (SSR) se reunieron junto al senador Daniel Núñez (PC) y al diputado Bernardo Salinas (PC) para estructurar un frente común contra el proyecto, han consignado distintos medios locales y la región.
Durante la jornada, los dirigentes expresaron su rechazo a las rebajas que amenazan la sostenibilidad de una zona castigada por años de sequía e hídricamente vulnerable.
«Este gobierno nos ha engañado. En todos los recortes siempre nos hemos visto afectados la gente que más necesita y en este caso, nosotros que vivimos en la agricultura familiar campesina, tenemos muchos problemas y queremos que se nos devuelvan. Nos han anunciado que se nos va a ir el PADIS y el Plan Caprino».
— Héctor Báez, presidente de la Agrupación de Crianceros de Illapel.
Por su parte, Denny Bórquez, representante de la Comunidad Agrícola Litipampa de Combarbalá, enfatizó el retroceso que significan estas medidas: “Para los agricultores es un golpe bajo en realidad. Pensamos que podíamos avanzar, pero hoy nos damos cuenta que vamos retrocediendo. Es importante que nos unamos para dar la lucha y no dejarnos engañar”.
Interrogantes y emplazamiento al Ejecutivo
El parlamentario Bernardo Salinas destacó la representación alcanzada en la provincia de Elqui, Limarí y Choapa, señalando que la declaración conjunta busca emplazar al Ejecutivo a rectificar el rumbo durante la tramitación parlamentaria.
Por su parte, el senador Daniel Núñez remarcó los dos ejes centrales de la exigencia regional: reponer los fondos de INDAP (incluyendo el PADIS, que atiende a más de 2.300 familias) y asegurar recursos para la reconstrucción de infraestructura rural dañada en la zona.
Las organizaciones campesinas han solicitado una audiencia urgente con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura para que presenten indicaciones durante la discusión del Presupuesto 2027. Las preguntas clave planteadas por el sector apuntan directamente a la autoridad:
- Garantía de cobertura: ¿Puede el Ministerio de Agricultura garantizar que esta reducción no significará una menor cobertura o un deterioro en la asistencia técnica, inversiones, crédito, riego y seguros para los pequeños agricultores?
- Financiamiento de largo plazo: ¿Cómo se absorberá el impacto del recorte del 61% en créditos a largo plazo sin destruir la capacidad productiva de los usuarios de INDAP?
- Compromiso de metas: ¿Asumirá el Gobierno el compromiso explícito de mantener intacto en 2027 tanto el número de agricultores atendidos como los montos efectivos destinados a ellos?
La tramitación del presupuesto en el Congreso se anticipa compleja, con un sector rural movilizado que exige revertir los ajustes para evitar un impacto irreversible en la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial del país.
Desde Ñuble, el descontento aumenta:
Por su parte, el diputado Francisco Crisóstomo (PS), alertó a través del medio ñubleactual.cl sobre fuertes recortes para la pequeña agricultura, tras analizar la Partida 13, correspondiente al Ministerio de Agricultura, en el Proyecto de Presupuesto 2027.
“Según las cifras oficiales, el Gobierno propone un devastador recorte del 57,8% al Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), lo que se traduce en $14 mil millones menos para la agricultura familiar campesina”, afirmó.
Hecho que afectaría a cerca de 8 mil productores agrícolas estima el representante de la zona de acuerdo a las cifras que se manejan hasta hoy.
De igual manera, representantes de las organizaciones campesinas advierten que existirá una drástica reducción del instrumento Programa de Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO) lo que debilitará el fortalecimiento de estas organizaciones en materia de gestión, asociatividad, transferencia y asistencia técnica para su desarrollo productivo y organizacional.
El Maipo
