Cuando el presidente Gabriel Boric asumió el gobierno en marzo de 2022, las expectativas en el mundo indígena eran excepcionalmente altas. El simbolismo de la campaña, el protagonismo de la bandera mapuche en el estallido social y el discurso de renovación generacional instalaron la idea de un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Sin embargo, a pocos meses del término del mandato, una de las evaluaciones más duras proviene desde el interior del propio mundo progresista.
Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y actor clave en el diseño de políticas indígenas desde el retorno a la democracia, sostiene que el actual gobierno no solo carece de un legado en esta materia, sino que además significó un retroceso político y simbólico. “No hubo programa indígena, no hubo estrategia, no hubo diseño” señala en exclusiva a elmaipo.cl
Expectativas que superaban la escala
Namuncura recuerda que el inicio del gobierno de Boric estuvo marcado por una adhesión simbólica inédita hacia la causa indígena. “De 1 a 10, la expectativa era 11”, afirma. Ministros intentando hablar mapudungun, referencias constantes al Wallmapu y un discurso de cercanía con las comunidades reforzaron esa percepción inicial.
Pero esa señal política, sostiene, fue efímera. “Todo eso desapareció muy rápido. No se tradujo en una política pública estructurada ni en una estrategia de largo plazo”, explica, agregando que el problema no fue solo de implementación, sino de diseño desde el origen.
La comparación con gobiernos anteriores
Para fundamentar su crítica, Namuncura recurre a una comparación histórica con los gobiernos que antecedieron al actual. A su juicio, todos ellos —con sus luces y sombras— dejaron hitos relevantes.
El gobierno de Patricio Aylwin impulsó la Ley Indígena 19.253, que abrió el camino institucional para el reconocimiento de los pueblos originarios y el proceso de recuperación de tierras. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pese a un periodo conflictivo, dejó instalada la Conadi como servicio público con presupuesto propio. Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato, un informe que por primera vez documentó sistemáticamente las injusticias cometidas por el Estado contra los pueblos indígenas y propuso más de cien recomendaciones. Michelle Bachelet, en tanto, ratificó el Convenio 169 de la OIT y suscribió declaraciones internacionales que hoy tienen rango de ley.
“Boric es el único presidente de estos 28 años que no deja ningún legado relevante en materia indígena”, afirma Namuncura, subrayando que incluso anuncios emblemáticos se diluyeron con rapidez.
Ausencia de equipos y ruptura generacional
Uno de los elementos centrales en su análisis es la falta de equipos técnicos con experiencia territorial. A diferencia de campañas anteriores, en las que existieron comisiones programáticas indígenas amplias y representativas, el comando de Boric —según relata— careció de una estructura sólida en esta materia.
Namuncura participó en los intentos de traspasar propuestas elaboradas durante la candidatura de Yasna Provoste al nuevo comando presidencial, pero describe reuniones marcadas por la precariedad organizativa. “Éramos 15 dirigentes con carpetas y documentos, y al frente había una o dos personas. No existía una contraparte real”, recuerda.
A su juicio, esta situación respondió también a una lógica política de ruptura con la experiencia de la Concertación y la Nueva Mayoría. “Se instaló la idea de que todo lo anterior no servía, que había que refundar. Eso significó excluir a quienes llevábamos décadas trabajando el tema indígena”, sostiene.
El Plan Buen Vivir y una mirada asistencialista
El Plan Buen Vivir, presentado como la principal iniciativa del gobierno para abordar la situación en La Araucanía, es otro de los puntos más cuestionados. Para Namuncura, se trató de un error conceptual profundo.
“El Buen Vivir no es un listado de políticas públicas. No es solo agua potable, caminos o vivienda”, explica. En la cosmovisión indígena, señala, el concepto está vinculado al respeto por la tierra, los recursos naturales, la historia y la autodeterminación de los pueblos.
Desde su perspectiva, el plan terminó reduciendo la política indígena a una lógica asistencial, tratando a las comunidades como sujetos pasivos de beneficios y no como actores políticos con derechos colectivos. “Eso es un retroceso respecto de lo que se había avanzado”, afirma.
Militarización y estado de excepción
Uno de los aspectos más críticos de su evaluación es la continuidad y profundización del estado de excepción en la Región de La Araucanía. Namuncura advierte que ningún gobierno anterior —ni siquiera de derecha— mantuvo durante tanto tiempo una militarización permanente del territorio.
“La Araucanía prácticamente vivió cuatro años bajo estado de excepción. Eso no tiene precedentes”, sostiene, y advierte sobre las consecuencias a largo plazo de esta decisión.
En particular, pone el foco en las nuevas generaciones. “Niños de 8, 10 o 12 años crecieron viendo militares frente a sus casas, allanamientos constantes, controles permanentes. Esa experiencia deja una huella profunda”, señala, cuestionando el impacto que esto tendrá en la relación futura entre el Estado y el pueblo mapuche.
Falta de comprensión histórica y territorial
Para Namuncura, el problema de fondo no es solo la falta de conocimiento académico, sino la ausencia de comprensión territorial. “No basta con leer libros o escribir papers. Hay que escuchar, estar en las comunidades, entender la oralidad, los tiempos y los códigos”, explica, recordando su experiencia como director de la Conadi, donde —dice— aprendió que la autoridad se construye más desde la escucha que desde la imposición.
En ese sentido, critica que muchos asesores del actual gobierno abordaran la temática indígena desde una lógica exclusivamente técnica, sin haber desarrollado un vínculo vital con los territorios.
La Comisión de Paz y Entendimiento
La Comisión de Paz y Entendimiento, anunciada como un mecanismo para avanzar en una solución al conflicto, tampoco escapa a su análisis crítico. Namuncura sostiene que su instalación fue tardía y carente de una comprensión histórica profunda del problema.
“Demoró dos años en instalarse. Para entonces, el gobierno ya había perdido tiempo político clave”, afirma, comparando esta experiencia con comisiones similares creadas por gobiernos anteriores, que se constituyeron rápidamente y con fuerte respaldo presidencial.
A su juicio, el resultado fue una comisión de carácter más administrativo que político, incapaz de jerarquizar adecuadamente temas centrales como la restitución territorial o los derechos políticos de los pueblos indígenas.
Quiebre de confianzas
Uno de los efectos más graves del periodo, advierte Namuncura, es la pérdida de confianza. Relata episodios recientes, como la conmemoración del bicentenario del Parlamento de Yumbel, donde —según afirma— el Estado estuvo prácticamente ausente, generando una sensación de humillación entre los dirigentes indígenas.
“Con la derecha siempre supimos a qué atenernos. Lo que no se esperaba era quedar tan desamparados bajo un gobierno de izquierda”, sostiene, afirmando que este quiebre será difícil de revertir en el corto plazo.
Un escenario complejo hacia el futuro
Mirando hacia adelante, Namuncura anticipa un escenario de alta tensión. Advierte sobre posibles intentos de debilitar la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y otros marcos de protección jurídica conquistados en las últimas décadas.
“Habrá políticas públicas, habrá inversión, pero sin reconocimiento político. Una estrategia de zanahoria y garrote”, resume, señalando que la disputa por la tierra seguirá siendo el eje central del conflicto.
Un balance crítico
A modo de cierre, Namuncura sostiene que el mayor error del actual gobierno fue subordinar la política indígena al control de la violencia, dejando en segundo plano las respuestas políticas estructurales. “Sin acuerdos de fondo, la violencia no disminuye; se reproduce”, advierte.
En su evaluación, el gobierno de Gabriel Boric deja como saldo una oportunidad perdida. “Había condiciones históricas para avanzar. No se hizo. Y eso va a pesar por muchos años”, concluye.
El Maipo
