La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas para reformar la Ley de Aguas Nacionales y expedir la Ley General de Aguas, cuyo propósito es definir los lineamentos sobre el uso del recurso natural en los procesos productivos, ordenar las concesiones y asegurar su disposición para toda la población.
Según informa el diario mexicano El Economista, uno de los cambios más relevantes es que el Estado mexicano será el único facultado para regular el uso del agua. Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.
De igual manera, se establece que toda concesión del líquido que no se utilice para los fines autorizados debe regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que la institución decida una mejor distribución y aprovechamiento del recurso.
Así, se crea el Registro Nacional del Agua, que velará porque el líquido se destine efectivamente al uso para el que se solicitó y fue concesionada.
Al mismo tiempo, se crea un fondo de reserva de aguas nacionales para reasignar volúmenes de este recurso.
También será el Ejecutivo federal el que fije los volúmenes de extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, las modalidades o límites a los derechos de las personas concesionarias y asignatarias, así como el resto de las disposiciones especiales que se requieran por motivo de interés público.
Adicionalmente, se establecen medidas para garantizar el cumplimiento del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. En ese sentido, las entidades federativas promoverán, en todo momento, la instalación de sistemas de captación pluvial para uso doméstico, según las necesidades regionales.
Igualmente, se establecen acciones para fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión del recurso vital y promover su cuidado, tratamiento, recuperación y reutilización.
Las propuestas turnadas a la cámara baja mexicana también establecen sanciones, penas y acciones de reparación del daño frente a irregularidades que afecten la disponibilidad o calidad del líquido, indica el medio mexicano.
En ese sentido, se crea un capítulo denominado Delitos Hídricos, que permitirá la persecución de oficio de estos crímenes.
Respecto a las sanciones propuestas, destacan penas de 2 a 10 años de cárcel a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización; a quien altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y cause afectaciones directas a las condiciones hidráulicas.
Además, quien modifique o altere los medidores de volúmenes de agua para simular menos consumo podría ser sancionado hasta con 9 años de prisión.
Mientras que los servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios para sí mismos, su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios podrían recibir hasta 12 años tras las rejas.
Los particulares que cometan actos de corrupción para obtener alguna concesión, en tanto, recibirán penas de uno a 12 años de cárcel.
Al mismo tiempo, podrán aplicarse multas de hasta 50.000 UMA (unos 250.000 dólares) a quienes exploten las aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados; a quien realice obras en zonas reglamentadas, de veda o reservadas; sin permiso; por cambiar el uso de suelo para el que se concesionó y por transmitir los títulos de concesión o los permisos.
El Maipo/Sputnik
