La Comisión de Hacienda finalmente despacho la iniciativa que busca fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales.
Luego que el Ejecutivo hiciera presente la urgencia de discusión inmediata del proyecto, en segundo trámite, que regula la prevención de incendios forestales y rurales, la Comisión de Hacienda revisó y despachó en dos jornadas de sesiones la iniciativa que apunta a fortalecer la estrategia de prevención de este tipo de siniestros en el país, informó la oficina de prensa de la Cámara Alta.
En medio de la contingencia por los devastadores incendios que han arrasado zonas urbanas de las regiones de Ñuble y Biobío, la presidenta de la comisión, la senadora Ximena Rincón, señaló que “hemos despachado el proyecto de ley de incendios, un proyecto que, lamentablemente, como lo hemos dicho tantas veces, no aborda la persecución a los culpables de los incendios, no dota de mayor herramientas ni recursos a la fiscalía y no aborda temas que son muy importantes”, resaltando la necesidad de abordar en otro texto legal estas materias.
Añadió que la Comisión de Hacienda analizó el proyecto en al menos seis oportunidades, además del trabajo con los técnicos, sin embargo, “no había sido priorizado previamente por el Ejecutivo en el marco del acuerdo de la agenda legislativa”.
Asimismo, aclaró que, una vez aprobado el texto legal, su entrada en vigencia se proyecta para el próximo año, “puesto que no contempla recursos para el presente ejercicio presupuestario”.
Alcances y modificaciones del proyecto
Por su parte, el senador Ricardo Lagos enfatizó la necesidad de despachar prontamente el proyecto, destacando que la iniciativa permitirá fortalecer las medidas orientadas a la prevención de incendios forestales y rurales. En ese sentido, señaló que “espero que sea despachado luego, porque puede marcar una diferencia”.
El legislador explicó los reparos que en su momento se plantearon respecto del proyecto, particularmente en relación con dificultades de carácter financiero y con las obligaciones que deberán asumir los pequeños propietarios en materia de prevención, así como el rol que corresponde al Estado para responder a dichas exigencias.
La iniciativa otorga nuevas herramientas y busca un mecanismo ágil para la incorporación de zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial, así como la definición de áreas de amortiguación, con el objetivo de reducir riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la implementación de cortafuegos.
En la sesión se sometieron a votación 20 artículos de competencia de la Comisión, los cuales se definieron conforme a lo señalado en el nuevo informe financiero entregado por el Ministerio de Hacienda, además de las indicaciones del Ejecutivo referidas al régimen sancionatorio.
Las modificaciones apuntaron fundamentalmente a rebajar los topes máximos de las multas: de 2 mil a mil unidades tributarias mensuales (UTM) para infracciones graves, y de 5 mil a 3 mil unidades para infracciones gravísimas. Esta situación fue objeto de amplio debate pues, a juicio de los legisladores, “no se fortalece de manera equivalente la persecución penal de los incendios ni se incorporan apoyos económicos suficientes para el cumplimiento de las nuevas obligaciones preventivas”.
Con todo, las y los senadores integrantes de la Comisión coincidieron en relevar la importancia de contar con esta ley como herramienta preventiva frente a los incendios forestales y rurales. No obstante, subrayaron la necesidad de profundizar el análisis de determinados aspectos de la iniciativa, especialmente aquellos que podrían afectar a los pequeños propietarios, con el fin de otorgar mayor claridad, equidad y certeza en su aplicación.
El Maipo
