Analistas y organizaciones chilenas rechazaron hoy la decisión del Ministerio Público (MP) de no continuar la investigación de mil 509 violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.
Para Raquel Torres, coordinadora del Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos, la fiscalía tiene el deber de priorizar y poner a disposición todos los recursos cuando se trata de este tipo de delitos y establecer garantías de protección a víctimas y testigos.
Recordó que durante la represión de las fuerzas del orden a las revueltas hubo muchas víctimas de trauma ocular, golpizas, detenciones masivas, secuestros, torturas, violencia sexual, asesinatos y amedrentamiento.
En fecha reciente, el MP informó su decisión de no perseverar en la investigación de los casos de denuncia por violencia estatal debido a la falta de antecedentes suficientes.
Para Torres, resulta inverosímil que existiendo un inusitado despliegue de contingentes, grabaciones, cámaras y otros recursos técnicos en los espacios en los que ocurrieron los hechos, esa dependencia no haya exigido acceso a las pruebas y realizado un juicio oral.
En declaraciones a la Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en derecho Claudio Nash opinó que la determinación del Ministerio Público deja sin posibilidad de justicia a un grupo importante de casos.
“Aquí hay una decisión que implica impunidad y hay que impugnarla en todas las esferas políticas y judiciales”, dijo, y añadió que espera que las víctimas recurran a los organismos internacionales.
El también presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano citó informes según los cuales 99,6 por ciento de los casos denunciados durante el estallido social están sin condena.
“Todavía estamos en una batalla cultural donde se intenta negar esos hechos, se intenta desvirtuarlos, la idea de la criminalización de la protesta social opera con mucha fuerza. Se ha generado ahí un contexto donde la impunidad puede operar con mayor facilidad”, denunció.
El académico calificó como ilegítima la decisión del Ministerio Público.
En un comunicado publicado aquí, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular condenó la nula voluntad de esclarecer, investigar y perseguir a los culpables de torturas y apremios ilegítimos.
La organización que agrupa a las más de 400 personas que sufrieron daño ocular durante las protestas de 2019 y 2020 exigió al MP y al Poder Judicial cumplir con sus obligaciones y acuerdos internacionales de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
El Maipo/PL
