Las abogadas defensoras de la familia denunciaron que la Fiscalía ha desatendido pruebas clave mientras amplía la lista de sospechosos a los propios hijos de la dirigenta mapuche desaparecida.
A once meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora territorial, una intercepción telefónica autorizada reveló una estremecedora declaración: “La quemaron”, dijo Juan Carlos Morstadt a su padre por teléfono, refiriéndose a la líder comunitaria desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en territorio ancestral en disputa en Los Laureles, comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
La revelación fue dada a conocer este 30 de septiembre en Santiago por las abogadas Male Santana y Karina Riquelme, junto a Carmen Caifil, en dependencias de CODEPU. Las profesionales denunciaron que hace diez días la Fiscalía les cerró todo acceso al caso, anulando su acreditación y dejando sin respuesta sus reclamos, lo que consideran un grave incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fiscalía amplía sospechosos a la familia
Pese a contar con esta evidencia y otra escucha telefónica que vincula a Morstadt con armas de fuego no autorizadas, el fiscal Jaime Calfil —cuya designación fue objetada por el equipo jurídico por presunto sesgo ideológico— optó por no formalizar al empresario y, en cambio, amplió la lista de sospechosos a los tres hijos de Julia Chuñil y otros miembros de su círculo cercano.
El empresario agroforestal, vinculado a redes de poder político y financiero en la Región de Los Ríos, es además deudor del Estado por más de $1.000 millones de pesos que debe a CONADI, entidad que le devolvió la propiedad de las 900 hectáreas en disputa.
“Si me pasa algo, ya saben quién fue”
Esta frase premonitoria de Julia Chuñil, pronunciada en su entorno tras una serie de amenazas que precedieron a su desaparición, cobra ahora nueva relevancia ante las revelaciones de las interceptaciones telefónicas.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Pablo San Martín, hijo mayor de Julia; Juana Aguilera, de la Comisión Ética Contra la Tortura; y Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, quien reiteró la necesidad de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia.
Antecedentes cuestionables
La defensa denunció que el fiscal Calfil solicitó “medidas intrusivas” al Juez de Garantía de Los Lagos basándose en testigos secretos y supuestos hallazgos de sangre que nunca fueron incorporados formalmente a la carpeta investigativa. Los análisis habrían sido realizados por LABOCAR, bajo el mando de un suboficial con antecedentes cuestionados en casos previos.
El mismo fiscal Calfil estuvo a cargo de la investigación del caso Macarena Valdés, defensora territorial cuya muerte fue catalogada como suicidio pese a evidencias de homicidio, y donde se perdieron informes clave de autopsia independiente.
Exigencia de verdad y justicia
La familia ha recibido el apoyo del espacio “Día a Día por Julia Chuñil” y de colectivos a lo largo de Chile que exigen al Estado responder: ¿Dónde está Julia Chuñil? La demanda es clara: verdad, justicia y castigo a los responsables de su desaparición.
Las organizaciones de derechos humanos y la familia consideran insostenible la permanencia del fiscal Calfil a cargo del caso, especialmente tras el informe que el gobierno entregó en agosto a la CIDH, en el que aseguró estar redoblando esfuerzos en la investigación y manteniendo informada a la familia.
Julia Chuñil Catricura, papay (autoridad tradicional), presidenta de la comunidad mapuche de Putreguel y activista ambiental desapareció el 8 de noviembre de 2024 mientras defendía su territorio ancestral y los bosques y aguas de la zona.
El Maipo
