(San Juan) Al cumplirse ayer 128 años de Puerto Rico arrastrando las cadenas del colonialismo de Estados Unidos, se evidencia un descalabro general, a juicio de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social (TECCS).
La organización expuso que esto se ejemplifica con “el burdo descaro” de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que por los últimos 10 años ha impuesto sus políticas económicas para favorecer a los bonistas y los buitres capitalistas de Wall Street.
“Por encima de los intereses del pueblo trabajador, afectando las pensiones, la educación, la UPR (Universidad de Puerto Rico), el sistema de salud, la crisis de energía eléctrica y la calidad de la vida cotidiana en general, obligando a gran parte de la clase trabajadora y profesionales del país a emigrar en busca de mejores estándares de vida”, indicó TECCS.
Esta fecha registra, a partir de la invasión de Estados Unidos el 25 de julio de 1898, en el marco de la Guerra Hispano Cubana Estadounidense, la farsa del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952 y el asesinato de los independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en 1978, mediante un operativo encubierto montado por la Policía de Puerto Rico.
De su parte, la exsenadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén contrastó la defensa del ELA con la realidad del poder congresual sobre Puerto Rico.
“El Partido Popular Democrático (PPD), por voz de su presidente Pablo José Hernández Rivera, se empeña en hacerle creer al pueblo puertorriqueño y, sobre todo a su gente, que el Estado Libre Asociado existe como estatus con autonomía frente al Congreso”, anotó Rivera Lassén.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, antes y después del ELA, ha sostenido una lista de decisiones, llamadas comúnmente como los casos insulares, que ratifican el poder del Congreso federal sobre Puerto Rico.
La JSF, impuesta por el Congreso y pagada con fondos públicos de Puerto Rico, ejerce su poder como si fuera el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no promueve desarrollo económico sostenible, ni protege servicios esenciales.
