(Quito) Transportistas de carga pesada marcharon en la provincia fronteriza de Carchi para exigir el fin de los aranceles entre Ecuador y Colombia en medio de advertencias por pérdidas de empleo y una contracción del comercio bilateral.
La movilización fue convocada por la Asociación de Transporte Pesado de Carchi y partió desde el cantón Bolívar por la carretera Panamericana hacia la ciudad de Tulcán, capital provincial, donde el gremio busca abrir un diálogo con las autoridades locales y del Gobierno central, según reportes de la prensa local.
Los transportistas señalaron que el incremento del arancel del 50 por ciento a productos colombianos, vigente desde este 1 de marzo, ha reducido de forma significativa la demanda de servicios de transporte, lo cual afecta el empleo en una provincia cuya economía depende del intercambio fronterizo.
“No estamos aquí por gusto. Esta es una visibilización de la disconformidad del transporte y de todos los sectores de la cadena logística”, dijo Carlos Bastidas, presidente del gremio.
En rueda de prensa, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio Guayaquil, señaló que las importaciones desde el país vecino cayeron cerca del 70 por ciento en las últimas tres semanas debido al impacto del arancel.
“Cuando el comercio formal se debilita, el vacío lo ocupa el contrabando y las economías ilegales”, añadió Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Desde la Cámara de Industrias y Producción, su presidenta ejecutiva, María Paz Jervis, sostuvo que el gravamen aplicado a los productos colombianos no solo es contraproducente, sino que tendrá consecuencias fiscales y económicas profundas.
Según sus estimaciones, al menos dos mil empresas resultan impactadas de forma directa y cerca de 200 mil empleos podrían verse comprometidos.
La disputa bilateral se desató cuando en enero pasado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió aplicar una llamada “tasa de seguridad” del 30 por ciento sobre importaciones colombianas bajo el argumento de falta de reciprocidad y acciones insuficientes contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Bogotá rechazó esos señalamientos, anunció un impuesto de igual porcentaje a los productos ecuatorianos y, además, impuso la demanda ante la Comunidad Andina por presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
Asimismo, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, mientras el gobierno de Noboa elevó en más del 900 por ciento la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.
La pasada semana, Quito dispuso aumentar el valor del arancel del 30 al 50 por ciento, a lo cual Colombia respondió de la misma manera, lo cual elevó las tensiones entre dos naciones vecinas con economías altamente vinculadas.
El Maipo/PL
