El inicio del plan de expulsiones del gobierno de José Antonio Kast generó un inmediato debate político, luego de confirmarse un primer operativo que contempla la salida de cerca de 40 inmigrantes en situación irregular.
La medida, que busca dar una señal de avance en una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo, fue recibida con posturas contrapuestas en el Congreso, evidenciando diferencias sobre su alcance y efectividad.
Desde la oposición, los cuestionamientos apuntaron a la distancia entre las expectativas instaladas y los resultados concretos. El diputado Jaime Bassa (FA) sostuvo que “la única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas”, agregando que “este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior. No es mérito de este gobierno”.
El parlamentario fue más allá y calificó la medida como una “burla”: “La zanja, 30 kilómetros al año, es una burla. La expulsión de inmigrantes es una burla (…) el Gobierno no está cumpliendo con sus promesas”.
En la misma línea, la diputada Lorena Fries advirtió sobre la baja escala del plan: “con ese patrón de expulsión, vamos a necesitar 23 años (…) la verdad se muestra la incoherencia y la poca factibilidad que tienen las medidas”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) planteó que la política debe tener continuidad: “el inicio de las expulsiones del país no puede ser solo un debut y eventualmente despedida, tiene que ser una política continua”.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como un primer paso. El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, afirmó que “pasamos del diagnóstico a la acción”, mientras que el diputado Mauro González (RN) valoró que “hoy el Presidente Kast y su gobierno comienzan a cumplir con la coordinación de estas salidas”.
En esa línea, González planteó que el desafío es sostener los operativos en el tiempo: “Esperamos que este proceso resulte bien, pero que además sea permanente y continuo, idealmente dos o tres veces al mes”.
Una postura intermedia fue la de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien consideró que el proceso recién comienza, pero advirtió sobre limitaciones estructurales: “No puede ser que, con los pocos recursos que tiene Migraciones, eso sea hoy día un obstáculo”.
El primer vuelo de expulsión bajo la actual administración está programado para el 16 de abril y será ejecutado en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Fuerza Aérea, con destinos como Colombia, Bolivia y Ecuador.
El Maipo
