El proyecto de Ley de Presupuestos contempla una reducción real del 60,32% en los recursos destinados a los compromisos climáticos de Chile y del 19,40% en los programas de fiscalización ambiental. Además, elimina la glosa que identificaba los fondos para implementar el Acuerdo de Escazú, aunque el Ministerio del Medio Ambiente asegura que el tratado seguirá vigente.
El presupuesto ambiental para 2027 contempla recortes en programas vinculados al cambio climático, la calefacción sustentable y la fiscalización, además de eliminar la asignación presupuestaria específica que identificaba los recursos destinados al Acuerdo de Escazú.
La propuesta del Ejecutivo considera que el Ministerio del Medio Ambiente dispondrá de aproximadamente $98.631 millones durante el próximo año. Aunque la disminución global respecto del presupuesto aprobado para 2026 es de un 0,95% real, la distribución de los recursos presenta reducciones importantes en áreas relacionadas con la protección ambiental y el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.
Entre los principales ajustes figura una caída real del 60,32% en los fondos para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que corresponden a los compromisos climáticos asumidos por Chile en el marco del Acuerdo de París. También se contempla una reducción del 54,47% para el programa de Calefacción Sustentable y del 19,40% en los programas de fiscalización ambiental.
Las cifras, difundidas inicialmente por La Tercera y recogidas por BioBioChile, abren interrogantes sobre las prioridades de gasto ambiental del Gobierno y la capacidad de mantener los programas de prevención, control y adaptación frente a la crisis climática.
Recorte de fondos para los compromisos climáticos de Chile
Una de las disminuciones más significativas afecta a los recursos destinados a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, conocidas como NDC por su sigla en inglés. Estos compromisos establecen las medidas y metas que cada país presenta para contribuir a la reducción de emisiones y enfrentar el cambio climático.
La asignación específica para esta materia bajaría desde aproximadamente $717 millones en 2026 a $293 millones en 2027, según los antecedentes presupuestarios publicados. Esto representa una disminución real del 60,32%.
El programa general de adaptación y mitigación del cambio climático también registra una reducción, aunque menor, de un 21,76% real.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Francisca Toledo, explicaron que la propuesta busca concentrar los recursos en obligaciones legales y acciones consideradas prioritarias. La cartera sostuvo que parte de los fondos ejecutados en años anteriores se destinaba a actividades como talleres, seminarios y servicios de alimentación, cuyo impacto ambiental directo sería limitado.
El ministerio agregó que una parte de las acciones climáticas cuenta con financiamiento complementario de organismos internacionales y fondos especializados.
Sin embargo, el ajuste presupuestario plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para sostener la implementación de sus compromisos climáticos mientras aumenta la presión por avanzar en medidas de mitigación, adaptación y reducción de emisiones.
Acuerdo de Escazú pierde su identificación presupuestaria específica
Otro cambio relevante es la eliminación de la glosa que individualizaba los recursos destinados a implementar el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Chile que establece garantías de acceso a la información ambiental, participación pública en las decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La Ley de Presupuestos de 2026 contemplaba hasta $144,5 millones para esta finalidad, junto con la obligación de informar periódicamente al Congreso sobre el uso de los recursos y las acciones desarrolladas.
En el proyecto para 2027 ya no aparece una referencia presupuestaria específica al acuerdo ni el informe de gasto asociado a esa glosa.
La eliminación de esta identificación no significa, por sí sola, que el tratado haya sido derogado o que sus obligaciones dejen de regir. No obstante, reduce la visibilidad presupuestaria de los recursos destinados expresamente a su implementación y elimina el mecanismo de rendición de cuentas asociado a esa partida.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente aseguraron que los compromisos vinculados a Escazú no serán suspendidos y que durante 2027 se dispondrá de recursos para mantener su funcionamiento a nivel nacional y regional.
El desafío estará en conocer cómo se financiarán esas acciones y de qué manera se podrá seguir su ejecución si dejan de contar con una asignación identificada en la Ley de Presupuestos.
Fiscalización ambiental también tendrá menos recursos
La propuesta presupuestaria contempla una reducción real del 19,40% en los programas de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El presupuesto total del organismo disminuiría un 2,44% real y también se considera una reducción de 14 cupos en su dotación máxima.
La SMA tiene entre sus funciones fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, las normas ambientales y otros instrumentos que regulan actividades con posibles impactos sobre el entorno.
La disminución de recursos para sus programas de fiscalización genera preocupación por la capacidad de mantener inspecciones en terreno y controlar eventuales incumplimientos ambientales.
Frente a este escenario, el ministerio sostuvo que buscará resguardar las labores operativas mediante monitoreo remoto, inteligencia ambiental y fiscalización estratégica regional.
La efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y de que permitan mantener la capacidad de detectar y sancionar infracciones, especialmente en territorios que enfrentan presiones industriales, inmobiliarias y extractivas.
Calefacción sustentable y protección ambiental entre los ajustes
Otro de los programas afectados es Calefacción Sustentable, que registra una reducción real del 54,47%. La iniciativa busca reemplazar calefactores antiguos a leña por equipos menos contaminantes, contribuyendo a disminuir las emisiones asociadas a la combustión residencial.
El ministerio explicó que durante 2027 se priorizará la instalación de 10.072 calefactores que actualmente permanecen almacenados, con el objetivo de reducir los costos de almacenamiento y concentrar los recursos en equipos disponibles para su entrega.
El presupuesto también contempla cambios en otras líneas de conservación y protección ambiental. Algunas asignaciones que antes aparecían individualizadas, como las destinadas a humedales, conservación de especies y certificación ambiental, dejarían de contar con partidas separadas.
La cartera ha señalado que la ausencia de una asignación específica no implica necesariamente la eliminación de estos programas, ya que determinadas actividades podrían financiarse mediante partidas generales de funcionamiento y estudios ambientales.
En contraste con los recortes, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) experimentaría un aumento real del 24,38% en sus recursos, en el marco de la implementación de la nueva institucionalidad ambiental.
Presupuesto continúa su tramitación en el Congreso
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debe continuar su discusión parlamentaria, instancia en la que se revisan las partidas propuestas por el Ejecutivo y se pueden plantear modificaciones.
En ese proceso, uno de los puntos centrales será determinar cómo se distribuirán los recursos entre las distintas funciones ambientales y qué mecanismos permitirán fiscalizar su ejecución.
Los recortes propuestos en materia climática y de fiscalización, junto con la desaparición de la glosa específica de Escazú, sitúan en el centro del debate la transparencia del gasto público ambiental y la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos internacionales.
La discusión no solo involucra el monto global destinado al ministerio, sino también qué programas recibirán recursos, cuáles perderán asignaciones individualizadas y cómo se garantizará que las medidas de protección ambiental continúen ejecutándose durante 2027.
El Maipo
