La disputa se produce en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la Fundación Prodemu, luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple recursos para su funcionamiento solo hasta marzo. La ministra Judith Marín atribuye parte de la crisis a decisiones adoptadas en 2022, mientras Irina Karamanos sostiene que el mecanismo de financiamiento de la institución no fue modificado durante su gestión.
Un nuevo cruce entre el actual Gobierno y la administración del expresidente Gabriel Boric se abrió a raíz de la situación financiera de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y su eventual cierre durante 2027.
La controversia comenzó luego de que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, responsabilizara a la administración anterior y, particularmente, a Irina Karamanos, por parte de los problemas financieros que actualmente enfrenta la fundación.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla recursos para Prodemu destinados a sus gastos operacionales, personal y bienes y servicios de consumo hasta el 31 de marzo de 2027, estableciendo posteriormente el cese de su funcionamiento. Sin embargo, la propia ministra precisó que la Ley de Presupuestos no puede por sí sola disolver la fundación, ya que esa decisión corresponde a su directorio.
Marín apunta a decisiones de 2022
En entrevista con Radio Bío Bío, Judith Marín cuestionó el proceso impulsado durante 2022, cuando Karamanos encabezaba la entonces Coordinación Sociocultural de la Presidencia.
Según la secretaria de Estado, la eliminación del denominado gabinete de la primera dama estuvo acompañada del traspaso de convenios hacia distintos ministerios “sin previa consulta ni análisis”, situación que, a su juicio, habría contribuido al deterioro financiero de Prodemu.
Marín aseguró que los análisis realizados por la actual administración sitúan la deuda de la fundación en torno a los $3.000 millones. Entre los factores mencionados por la ministra se encuentran saldos rechazados, convenios que calificó como mal ejecutados y compromisos sindicales que, según sostuvo, no pueden ser financiados con recursos estatales.
La ministra también cuestionó la estructura de gastos de la institución. De acuerdo con sus declaraciones, cerca del 80% del presupuesto se destinaría a remuneraciones y gastos administrativos, mientras que Prodemu habría mantenido 45 arriendos a nivel nacional.
Marín sostuvo además que la actual administración intentó establecer un plan para enfrentar la situación, pero calificó el escenario financiero heredado como “irremontable”.
Karamanos rechaza responsabilidad y responde a la ministra
La respuesta de Irina Karamanos llegó a través de su cuenta en X, donde cuestionó directamente la relación establecida por la ministra entre las modificaciones institucionales realizadas en 2022 y el mecanismo de financiamiento de Prodemu.
La excoordinadora sociocultural afirmó que los recursos provenientes de Indap y Sernameg ya estaban contemplados en la Ley de Presupuestos antes de su gestión y que eso no cambió con el traspaso del nombramiento de la presidencia de la fundación al Ministerio de la Mujer.
Karamanos planteó que la situación financiera y el cambio en la estructura institucional son asuntos distintos y emplazó a revisar los estatutos de la fundación antes de formular acusaciones.
“Son temas diferentes”, sostuvo, antes de cuestionar las declaraciones de la ministra y calificarlas como “cuñas falsas”.
El futuro de Prodemu queda abierto
Más allá del intercambio entre ambas autoridades, el futuro de Prodemu permanece sujeto a la discusión presupuestaria y a las decisiones que adopte el directorio de la fundación.
Marín afirmó que el Gobierno contempla $8.000 millones asociados a Prodemu, además de recursos destinados a enfrentar obligaciones pendientes, incluyendo eventualmente el pago de finiquitos. También señaló que la institución podría buscar financiamiento mediante gobiernos regionales, aportes privados o donaciones.
El debate deja así en primer plano no solo la situación financiera de la fundación, sino también la disputa política entre el actual Gobierno y la administración anterior respecto de quién debe asumir responsabilidades por el escenario que enfrenta Prodemu.
Mientras La Moneda atribuye parte del deterioro a decisiones tomadas durante 2022 y a una posterior falta de control de gastos, Karamanos sostiene que el sistema de financiamiento público de Prodemu no fue modificado por el cambio institucional que impulsó durante su gestión.
El Maipo
