(La Paz) En medio de una polémica sobre riesgos de ampliar el latifundio y dañar la convivencia en pequeñas comunidades campesinas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó hoy el proyecto de Ley 157.
La normativa permite la reclasificación de la pequeña propiedad como mediana.
“Esta norma permitirá que pequeños productores puedan acceder a crédito y depender de sus propias capacidades para producir”, afirmó el jefe de Estado.
Durante un acto en Santa Cruz de la Sierra, antes de firmar el documento, el dignatario agregó que la ley autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.
La normativa fue rubricada en medio de denuncias de organizaciones campesinas e indígenas, además de instituciones que trabajan sobre el tema agrario y campesino, debido a la falta de socialización con los posibles afectados y un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo sobre el tema.
Esta misma tarde, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que pidió al Poder Ejecutivo devolver el proyecto de ley debido a la “ausencia de un proceso amplio, transparente, oportuno y participativo de socialización del Proyecto de Ley número 157 con los sectores de pequeños productores agrícolas y ganaderos directamente involucrados”.
Sin embargo, tal pedido fue ignorado con la promulgación concretada este miércoles.
Hasta el momento, suman 56 las organizaciones de La sociedad civil que pidieron al mandatario devolver la norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y abrir un diálogo en todo el país sobre el tema.
A tenor de sus atribuciones constitucionales y en atención a las preocupaciones de las organizaciones sociales, económicas y productivas del país, la Defensoría publicó un pronunciamiento que entregó a la prensa.
Destaca el texto la importancia de que, en este tipo de procesos, se constituya en una garantía esencial el derecho a la participación y consulta a las organizaciones indígenas originarias campesinas, particularmente cuando se trata de medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos colectivos.
Agrega que, dentro de ese contexto, el Estado boliviano tiene obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, entre ellas las establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Maipo/PL
