(Roma) La confirmación definitiva del cierre del área de producción en caliente de la antigua siderúrgica Ilva, en la ciudad italiana de Taranto, provoca hoy preocupación entre organizaciones sindicales, fuerzas políticas y representantes empresariales.
Entretanto, asociaciones ciudadanas de la urbe celebraron el fallo judicial por sus implicaciones para la salud pública y el medioambiente, afectados por las emisiones de la planta desde hace varios años. reportó Rai News.
La decisión fue adoptada la víspera por las Secciones Unidas de la Corte Suprema de Casación, que rechazaron los recursos presentados por Ilva y Acciaierie d’Italia contra la disposición de la Corte de Apelación de Milán que ordenó suspender las actividades productivas del área en caliente de la instalación.
El pronunciamiento judicial ratifica el cese de las operaciones de esa sección industrial, debido a los riesgos ambientales y sanitarios asociados a sus emisiones, y abre un escenario de mayor incertidumbre para el futuro de uno de los principales complejos siderúrgicos del país.
La red de asociaciones y ciudadanos Onda del Futuro, que movilizó a miles de personas el pasado 17 de octubre en Taranto para exigir el cierre de la instalación, calificó el fallo como una victoria histórica para la comunidad, reportó el medio informativo italiano.
“Taranto es libre”, expresó esa organización, que consideró el pronunciamiento un reconocimiento de las reivindicaciones ciudadanas en defensa de la salud y la dignidad. Sin embargo, reclamó que la nueva etapa incluya una recuperación ambiental efectiva y garantías laborales para todos los afectados.
El alcalde de Taranto, Piero Bitetti, señaló que el fallo obliga a afrontar con urgencia las alternativas económicas y productivas reclamadas por el territorio.
Entre las prioridades mencionó la descontaminación de las áreas afectadas y la protección de los trabajadores de la planta y de las empresas vinculadas a su actividad.
El presidente de la provincia, Gianfranco Palmisano, también consideró que la resolución establece un punto de inflexión y demandó decisiones concretas, plazos definidos y compromisos institucionales para garantizar el futuro de los empleados y de la economía local.
El Maipo/PL
