El conflicto en la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que un grupo de pobladores ingresara una querella por estafa en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a otras autoridades vinculadas al proceso de desalojo y demolición del asentamiento.
La acción legal fue presentada en diciembre por el Movimiento de Pobladores Organizados e incluye también a la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y al delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Según el escrito, las autoridades habrían impulsado un acuerdo habitacional que califican como injustificado y adoptado de manera unilateral, además de atribuirles una eventual complicidad con la Federación de Cooperativas involucrada en el proceso.
Desde la organización denuncian que, tras múltiples instancias de diálogo, el entendimiento con el Estado apuntaba a garantizar un proyecto habitacional que considerara la totalidad de los terrenos ocupados por la megatoma. No obstante, el plan anunciado por el Gobierno en diciembre y ejecutado desde enero contempla solo 100 hectáreas, situación que —a juicio de los pobladores— vulnera lo previamente acordado.
En ese contexto, el movimiento decidió interponer la querella a fines de 2025, la cual actualmente se encuentra ingresada en el Juzgado de Garantía de San Antonio. El vocero de la agrupación, Gustavo Sepúlveda, sostuvo que el proceso habría estado marcado por irregularidades y presiones indebidas. “Todo este camino, desde el protocolo inicial hasta la expropiación de diciembre de 2025, fue fraudulento e ilegítimo. Las dirigentas estaban siendo amenazadas”, afirmó.
El escrito acusa que el procedimiento carecería de fundamentos reales de interés público y solicita al Ministerio Público investigar los hechos, citar a declarar a las autoridades involucradas y recabar antecedentes sobre la legalidad del acto expropiatorio y de las cooperativas participantes.
Asimismo, la querella incluye la solicitud de una medida cautelar para suspender los desalojos, argumentando que la ejecución de la sentencia judicial se estaría realizando de manera parcial y fuera del marco legal.
Será ahora el Juzgado de Garantía de San Antonio el encargado de resolver las acciones presentadas, mientras el proceso continúa desarrollándose en el sector Los Pinos–Don José.
El Maipo
