(Quito) El gobierno de Ecuador anunció un “plan de eficiencia administrativa” que incluye despidos y una reducción de ministerios, algo que según políticos y organizaciones sindicales forma parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esa entidad financiera decidió ampliar el programa de crédito de Ecuador de cuatro mil millones de dólares a cinco mil millones y, muchos apuntan que, tras la revisión del acuerdo, el Gobierno de Daniel Noboa se comprometió a realizar un mayor ajuste fiscal en el país.
Ese proceso implicaría “un ahorro” de 1,1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 2026 será de 1,7 puntos porcentuales.
Al parecer el Ejecutivo inició las acciones para lograr esos objetivos e impulsó la Ley de Integridad Pública, ampliamente cuestionada y con demandas de inconstitucionalidad, ya que establece evaluaciones periódicas a los servidores de entidades públicas para determinar su estabilidad laboral.
De hecho, este jueves la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, anunció que cinco mil funcionarios públicos serán desvinculados, mientras que los ministerios y secretarías se reducirán en un 41 por ciento.
Luego del anuncio, el presidente, Daniel Noboa, publicó un video en sus redes sociales para defender la medida.
“Aquí estamos para trabajar con gente comprometida por su país, con cambiar realmente al Ecuador. El que no, fuera. Buscaremos perfiles y daremos oportunidades a los que nunca han tenido”, expresó el gobernante.
Si bien, Jaramillo aseguró que esas decisiones están relacionadas con la necesidad de mejorar la eficiencia y no con las exigencias del FMI, políticos y líderes sindicales coinciden en que esa es la verdadera razón detrás de los recortes.
“Los recursos recientemente recibidos servirán para despedir trabajadores del sector público”, aseveró Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
El parlamentario andino Virgilio Hernández, de la Revolución Ciudadana (oposición), comentó que en las desvinculaciones anunciadas “no hay evaluación, ni criterio técnico, es simple y llanamente, parte de los compromisos con el FMI”.
“Pensar que miles de servidores públicos votaron por el actual gobierno y hoy se quedan desempleados. ¡Tarde llegan los tempranos!”, escribió Hernández en su cuenta de X.
En esa misma red social la legisladora Viviana Veloz se refirió al reglamento para aplicar la Ley de Integridad Pública, que en su opinión “está hecho para darle gusto al FMI, amenaza el empleo de miles de funcionarios, padres y madres de familia.
Veloz advirtió que esa situación generará una pérdida devastadora de ingresos, frenará el consumo local, aumentará la vulnerabilidad por deudas y provocará otra dolorosa oleada migratoria
“Detrás de las leyes económicas urgentes se esconden acuerdos con el FMI que aumentan la pobreza y reducen la inversión social”, alertó la asambleísta.
Ante ese panorama, los dirigentes del FUT anunciaron movilizaciones en fechas que darán a conocer próximamente.
El Maipo/PL
