El diferendo entre Paraguay y Argentina por el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná continúa escalando y promete alcanzar los máximos órganos dentro del Mercosur. “Queremos un bloque relevante internacionalmente pero entre nosotros nos tratamos como extraños”, dijo a Sputnik el analista paraguayo Mario Paz Castaing.
De acuerdo con expertos consultados, el cobro de peaje impuesto por el Gobierno argentino viola los fundamentos del bloque, por lo que el tema no debe minimizarse.
Si bien Argentina comenzó a cobrar el peaje desde el 1 de enero de 2023, la tensión con el Gobierno paraguayo se incrementó en los primeros días de septiembre, cuando la Prefectura Naval Argentina retuvo una barcaza de bandera paraguaya que transportaba 30 millones de litros de combustible hacia Paraguay.
A pesar de que la empresa naviera Mercurio Group pagó el 8 de septiembre los cerca de 27.000 dólares reclamados por Argentina, la barcaza continuó retenida varios días más, motivando que la Cancillería de Paraguay llamara a consultas al embajador argentino en el país y motivando que el presidente paraguayo, Santiago Peña, anunciara la presentación de una demanda contra Argentina ante el Tribunal del Mercosur “por el incumplimiento del Tratado de Asunción, que garantiza el libre comercio y la libre navegación de nuestros ríos”.
“¿Por qué Argentina está pidiendo este peaje? Por los gastos de mantenimiento que dice haber hecho en cuanto al dragado y el balizamiento. El mantenimiento del curso de la hidrovía produce un gasto pero el problema es que la justificación de esos gastos no existe“, indicó a Sputnik el abogado y analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro.
De acuerdo al experto, la génesis del problema está en que Argentina haya comenzado a cobrar un peaje “de forma unilateral”, estableciendo un monto de 1,47 dólares por tonelada de carga sin una consulta con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, los otros Estados que comparten la administración de la hidrovía que conecta a Bolivia con la salida al Océano Atlántico a través de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.
Para Sosa Gennaro, Argentina debió haber justificado ante los demás países los gastos en los que incurrió para el mantenimiento de la hidrovía ante los demás miembros para que “se establezca un monto de peaje” consensuado.
El experto remarcó la gravedad que el conflicto puede tener para la economía regional, ya que entre Paraguay, Bolivia y el estado brasileño de Mato Grosso trasladan cerca de 20 millones de toneladas anuales de mercadería.
“Es sorprendente la actitud de Argentina porque es una violación evidente a los tratados internacionales”, aseguró el abogado, indicando que la postura paraguaya está respaldada por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de 1991 y el Tratado de la Cuenca del Plata firmado en Brasilia en 1969.
También consultado por Sputnik, el doctor en Ciencias Jurídicas y exsenador paraguayo Mario Paz Castaing consideró que Asunción debe “acudir a las instancias orgánicas judiciales y diplomáticas que existen en el Mercosur” para que Argentina cese en su intención de cobrar unilateralmente el peaje.
Según Paz Castaing, que los países miembros no hagan valer los mecanismos del Mercosur para asegurar “la libre circulación de bienes y personas” podría llegarse a una “grave alteración de lo que significa el bloque regional”.
En ese sentido, y tras recordar que Paraguay fue incluso suspendido del Mercosur en 2012, el especialista y exlegislador paraguayo consideró que el problema “amerita medidas de fuerza” e incluso podría justificar “convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Mercado Común”, el órgano superior del bloque regional.
“Queremos pasar a ser un bloque que sea relevante y tenga impacto en el comercio internacional pero entre nosotros nos tratamos como extraños”, lamentó el experto.
Si bien el Gobierno argentino no se ha expresado sobre el tema, sí lo hizo el embajador argentino en Asunción, Domingo Peppo, que dijo a la emisora argentina Radio Dos que “el conflicto va escalando y no por voluntad argentino sino por Paraguay”. Para el diplomático, fue el Gobierno paraguayo el que “tomó medidas unilaterales que nada tienen que ver con lo que se venía trabajando”.
“El tratado dice que los países no pueden cobrar impuesto sobre el río, pero sí tasas retributivas por el servicio que se preste sobre el mismo, y Argentina vuelca cerca de 25 millones a la hidrovía. Es justo que pague quién más lo utiliza y eso son los paraguayos“, explicó Peppo.
Por Sergio Pintado para SPUTNIK
Fuente: El Maipo
