(Quito) Organizaciones políticas y sociales de Ecuador presentaron hoy acciones legales para investigar presuntas irregularidades detrás de la adjudicación del campo petrolero Sacha, el más productivo del país, al consorcio extranjero Sinopetrol.
La asambleísta Sofía Espín, en representación de la Revolución Ciudadana (RC), presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto tráfico de influencias y posible peculado en la adjudicación de Sacha, un acto que calificó como “el mayor atraco petrolero del siglo”.
La legisladora señaló que la empresa a la que se le entrega el campo petrolero intentaría financiar la prima de mil 500 millones «con el mismo dinero y el petróleo de los ecuatorianos».
Esta negociación es terrible, lesiva para el pueblo ecuatoriano, rompe, vulnera la soberanía del país basado en un artículo inconstitucional de la Ley de Hidrocarburos, afirmó Espín, que estuvo acompañada de otros legisladores y representantes de grupos sociales.
Pedimos el enjuiciamiento político de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, y también del presidente, Daniel Noboa, por traición a la Patria, y vamos a promover movilizaciones, plantones y denuncias para evitar que este robo se concrete, dijo Marcelo Ushin, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas.
El dirigente campesino confirmó que en la tarde de este jueves habrá una reunión en la Casa de la Cultura, en Quito, donde los grupos sociales y ciudadanos definirán acciones contra la concesión del campo Sacha.
La candidata presidencial de la RC, Luisa González, que se enfrentará a Noboa en un balotaje el próximo 13 de abril, cuestionó en un video publicado en la red social X las condiciones de la negociación de la concesión del yacimiento.
A dedo, sin licitación, sin concurso y sin permitir que otras empresas compitan para ofrecer mejores condiciones, se lo dieron a un consorcio privado que se lleva la mayor parte de nuestros recursos y está vinculado con empresas ligadas a la familia del actual presidente, criticó González.
Por otro lado, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, acudió este jueves a la unidad judicial La Mariscal, en esta capital, a presentar una acción de protección para que se declare nula la decisión de ceder el bloque extractivo.
Anunció que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial para determinar si el campo Sacha busca ser entregado a la familia del presidente Noboa, como denunciaron la víspera en redes sociales, aunque el mandatario lo negó.
El colectivo Yasunidos rechazó también la decisión del gobierno de “privatizar” el campo Sacha y manifiestaron que «esta decisión no solo representa un grave perjuicio económico para el país, sino que evidencia el carácter autoritario y antidemocrático de la gestión de Daniel Noboa».
Actualmente, el Estado controla el 100 por ciento de la producción del bloque Sacha, sin embargo, con el nuevo esquema, Ecuador recibirá entre el 12,5 por ciento y un máximo del 26,5 por ciento de la producción, y esto último sólo si el precio del barril de crudo alcanza 120 dólares.
El Gobierno justificó la necesidad de concesionar la operación y exploración del campo debido a las condiciones en que se encuentra, oxidado y con problemas de infraestructura, lo cual requiere una inversión costosa.
El Maipo/PL
