Parlamentarios opositores rechazaron el llamado del Presidente a presentar de inmediato la acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Tras una reunión de urgencia, confirmaron que continuarán trabajando en el libelo y cuestionaron que el mandatario centre sus declaraciones en la ofensiva parlamentaria y no en las víctimas.
La oposición respondió al emplazamiento realizado por el Presidente José Antonio Kast desde Europa, donde desafió a los parlamentarios a presentar la acusación constitucional anunciada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la controversia de las rebajas de condenas.
Tras las declaraciones del mandatario, diputados de distintas fuerzas opositoras sostuvieron una reunión de urgencia para abordar el avance de la acción constitucional. Al término del encuentro, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, descartó modificar el calendario de trabajo por la presión presidencial.
“El Presidente José Antonio Kast no nos va a pautear desde el extranjero”, afirmó el diputado, quien también sostuvo que la oposición no caerá en lo que calificó como una provocación y confirmó que seguirán preparando el libelo contra el titular de Justicia.
Oposición cuestiona respaldo presidencial a Rabat
Soto también apuntó a las diferencias entre las explicaciones entregadas por Kast y el ministro Rabat sobre el conocimiento y las responsabilidades en torno a los decretos que permitieron rebajar las penas.
El parlamentario cuestionó que el Presidente haya asumido la responsabilidad política por las decisiones, mientras el ministro había señalado anteriormente que el mandatario no estaba al tanto de los decretos.
Desde el Congreso, el senador Iván Flores (DC) calificó el emplazamiento como un “toreo al Congreso” y criticó el tono utilizado por el jefe de Estado. A su juicio, las declaraciones no contribuyen a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por su parte, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) sostuvo que Kast debería solicitar la renuncia del ministro y entregar los antecedentes de los decretos cuestionados. También pidió que el Gobierno presente medidas de apoyo para las víctimas y sus familias.
La senadora Karol Cariola (Partido Comunista) afirmó que el mandatario interpreta el conflicto como una disputa política con la oposición, pero sostuvo que sus consecuencias trascienden al Congreso.
“El Presidente Kast cree que solo está envuelto en una disputa política con la oposición. Está totalmente equivocado: su gobierno ha abierto una disputa con el país. Es Chile el que rechaza por completo las acciones del ministro Rabat y la decisión del Presidente”, señaló.
La acusación constitucional sigue en preparación
Pese al emplazamiento presidencial, las bancadas opositoras señalaron que continuarán trabajando en los fundamentos jurídicos y políticos de la acusación constitucional contra Rabat.
El diputado Raúl Soto informó que los equipos jurídicos ya se encuentran elaborando el documento y que la oposición tiene previsto realizar una nueva reunión con abogados constitucionalistas durante el jueves para dar a conocer los próximos pasos.
La acción busca establecer eventuales responsabilidades del ministro por los 56 decretos de rebaja de condenas, que beneficiaron a personas sentenciadas por distintos delitos, incluidos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El conflicto también se ha extendido a la entrega de los antecedentes administrativos. Parlamentarios opositores han cuestionado que el Ministerio de Justicia no haya transparentado todos los decretos solicitados y recurrieron a la Contraloría para que examine la situación.
Kast mantiene su respaldo al ministro
Desde Roma, el Presidente reiteró que Fernando Rabat cuenta con su confianza y sostuvo que la responsabilidad política por las decisiones corresponde a su administración.
“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote”, manifestó el mandatario.
Kast también defendió sus atribuciones para nombrar y remover a los ministros y cuestionó que la oposición utilice el debate presupuestario como mecanismo de presión durante la controversia.
La acusación constitucional todavía no había sido ingresada formalmente al Congreso al cierre de esta nota. Por ahora, las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición se mantienen tanto por la continuidad de Rabat como por la responsabilidad política en los decretos cuestionados.
El Maipo
