Emanuel Ibarra representó a compañías mineras, eléctricas, forestales y agrícolas que enfrentan procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que ahora encabeza. El abogado aseguró que se abstendrá de intervenir en esos casos, que incluyen denuncias por afectación de ecosistemas, incumplimientos en el monitoreo de aguas y riesgos sanitarios.
El nombramiento de Emanuel Ibarra como superintendente del Medio Ambiente abrió cuestionamientos por sus anteriores vínculos profesionales con empresas que mantienen procedimientos sancionatorios ante el mismo organismo fiscalizador. Según una investigación publicada por CIPER este jueves 15 de octubre, el abogado representó a seis compañías que enfrentan cargos por infracciones ambientales calificadas como “gravísimas”.
Entre 2023 y 2026, mientras trabajaba en el estudio jurídico Moreno, Sáez y Avilés, Ibarra participó en ocho reuniones de lobby ante organismos públicos en representación de empresas mineras, eléctricas, forestales y agrícolas. Las gestiones estuvieron relacionadas con proyectos que habían generado incumplimientos ambientales o con medidas propuestas para recuperar el cumplimiento de la normativa.
Las compañías involucradas son Andex Minerals, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Interchile, Forestal Tulsa, Agrícola Tarapacá y Cal Austral. Sus procedimientos ante la SMA continúan abiertos, aunque algunos se encuentran suspendidos mientras se ejecutan planes de cumplimiento.
Consultado por CIPER sobre cómo se garantizará la imparcialidad en estos procesos, el superintendente aseguró que no intervendrá en las decisiones vinculadas a sus antiguos clientes.
“Se ejercerá el deber de abstención en cada caso. Para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas”, respondió.
Los antecedentes ambientales de las empresas representadas
La investigación identificó distintos tipos de incumplimientos en los expedientes de las seis compañías. Uno de los casos corresponde a Andex Minerals, que realizó sondajes mineros sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Arica y Parinacota. Según los antecedentes de la SMA, estas actividades afectaron especies clasificadas como vulnerables.
Otro caso involucra a Agrícola Tarapacá, que construyó instalaciones para la crianza y engorda de aves en el valle de Lluta sin contar con la autorización ambiental correspondiente. La SMA constató emisiones de malos olores y presencia de vectores, además de advertir riesgos para la salud de la población.
En el sector minero, Collahuasi enfrenta un procedimiento que incluye incumplimientos en el monitoreo de la calidad del agua y de la avifauna en el Salar de Coposa, además de cargos relacionados con la extracción de aguas subterráneas por sobre lo proyectado.
Por su parte, Interchile, empresa responsable de la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, ha enfrentado procedimientos por afectaciones a bosques nativos y obras ejecutadas en sectores distintos de los descritos en el proyecto. La investigación también documentó antecedentes de sanciones contra Forestal Tulsa por no presentar informes de monitoreo de emisiones y contra Cal Austral por infracciones relacionadas con la acumulación de conchas y restos orgánicos, malos olores y presencia de aves en sus centros de acopio.
Los antecedentes corresponden a expedientes y procedimientos administrativos ambientales. La calificación de las infracciones y las sanciones aplicables deben entenderse dentro de cada proceso, sin confundir los cargos formulados con una resolución definitiva en todos los casos.
De funcionario fiscalizador a representante de empresas
Ibarra trabajó durante diez años en la Superintendencia del Medio Ambiente y llegó a ejercer como superintendente subrogante en 2022. Dejó el organismo en 2023 y posteriormente se incorporó al estudio jurídico que representó a las empresas mencionadas.
Durante su etapa en el sector público participó en procedimientos relacionados con algunas de las compañías que después asesoró. La investigación de CIPER destaca especialmente los casos de Collahuasi e Interchile, cuyos proyectos ya eran objeto de actuaciones de fiscalización cuando Ibarra trabajaba en la SMA.
El abogado fue nombrado como titular del organismo el 13 de agosto de 2026, tras participar en un concurso de Alta Dirección Pública. Su designación implica que los procedimientos pendientes de sus antiguos clientes deberán continuar bajo la administración de la institución que ahora dirige.
Frente a este escenario, Ibarra explicó que se aplicará el mecanismo de subrogancia previsto en la ley para resolver los asuntos en los que corresponda su abstención.
“Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley. Por lo tanto, no decidiré ningún asunto asociado a esos procedimientos”, afirmó.
El desafío de resguardar la independencia de la SMA
La situación pone en el centro del debate los mecanismos para prevenir conflictos de interés en organismos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales. La SMA tiene entre sus funciones investigar infracciones, tramitar procedimientos sancionatorios y aplicar las medidas que correspondan conforme a la legislación.
La abstención de la autoridad busca evitar que participe directamente en decisiones relacionadas con sus antiguos clientes. Sin embargo, la continuidad de los procesos bajo su administración plantea el desafío de asegurar que las decisiones sean adoptadas con independencia y que exista claridad sobre quiénes estarán a cargo de cada expediente.
En algunos de los casos, los procedimientos se encuentran suspendidos mientras las empresas ejecutan programas de cumplimiento, que contemplan acciones y metas para volver a ajustarse a la normativa ambiental. Si las medidas comprometidas no se cumplen, los procesos pueden reabrirse.
Por ello, la gestión de estos expedientes será relevante para evaluar cómo se aplican los mecanismos de abstención y subrogancia, y cómo la institución garantiza la continuidad de la fiscalización.
La controversia también vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el Estado y los intereses privados en materia ambiental, especialmente cuando quienes asumen cargos de dirección han representado previamente a empresas sujetas a la supervisión del organismo que pasan a encabezar.
El Maipo
