La jueza Loretta Preska rechazó hoy la solicitud del gobierno argentino de suspender la entrega del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a dos fondos buitres, lo cual representa un duro golpe para el país.
Ahora la defensa tiene tres días más para presentarse ante una segunda instancia en la Corte de Apelaciones y evitar entrar en desacato con el tribunal de la magistrada del distrito sur de Nueva York que impuso como condición el depósito de una garantía de pago en The Bank Mellon of New York.
El valor de las acciones asciende a 16 mil 100 millones de dólares en beneficio de Burford Capitals y Eton Park Capital Management que fueron los fondos favorecidos por el dictamen de la jueza Preska que significa un daño irreparable para Argentina que perdería el control sobre su petrolera.
Este revés viene a complicar mucho más a la administración del presidente Javier Milei necesitada de muchos dólares y ya debilitado al perder el apoyo de gobernadores que le exigen y sucesivas derrotas por su rechazo a leyes sociales aprobadas por el Congreso.
En un escrito de cuatro páginas, Preska señala que “si bien es cierto que otras partes se ven afectadas por la orden de entrega del Tribunal, los demandantes tienen derecho a cumplir su sentencia no suspendida”.
En la Procuración del Tesoro, el organismo oficial encargado de diseñar las estrategias legales del país, dijeron que ya estaban trabajando en todos los escenarios posibles.
Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012 y obtuvieron a su favor el fallo de Preska, en 2023, que impuso el pago de una indemnización de 16 mil 100 millones más intereses.
También fue incluido como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001, recuerda el diario La Nación.
Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y Eton Park solicitaron al tribunal rechazar la cautelar pedida por Argentina. En caso de que se concediera, pidieron que quedara sujeta al pago de una fianza millonaria.
Mientras tanto, se espera en Estados Unidos la designación de los tres jueces que integrarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones. Las tres partes involucradas en el caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta el nombramiento de los magistrados y la fijación de la fecha de audiencia, prevista para los próximos meses.
La defensa advierte que este es un caso sin precedentes, al no tratarse de una disputa comercial tradicional, sino de un juicio excepcional que involucra un fallo por 16 mil 100 millones de dólares, actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas.
Incluso –señala— el propio gobierno de Estados Unidos expresó desacuerdos con la decisión del tribunal.
El Maipo/PL
