El informe más reciente de la Contraloría General de la República de Chile, conocido como el “Reporte de Hallazgos 2024–2025”, ha revelado irregularidades por un monto superior a los $1,5 billones de pesos chilenos (aproximadamente $1.505.707.732.640). Este informe abarca el período entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, y se basa en casi 800 auditorías realizadas a diversas entidades públicas.
Las principales irregularidades detectadas y sus montos asociados son las siguientes:
–Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias: Más de $359.137 millones. Esto incluye errores u omisiones en registros contables, sobrestimaciones o subestimaciones presupuestarias, y partidas de antigua data sin regularizar.
–Falencias asociadas con el cumplimiento de contratos: Más de $328.523 millones. Se observaron modificaciones sin fundamento, incumplimientos de proveedores y ausencia de garantías de fiel cumplimiento.
–Deficiencias en proceso de rendición de cuentas: Más de $316.575 millones. Las entidades otorgantes no revisaron adecuadamente las rendiciones o las aceptaron sin respaldo, y muchas transferencias se realizaron sin que se hubieran rendido fondos de años anteriores.
–Deficiencias asociadas al manejo de fondos: Más de $252.291 millones.
–Incumplimientos asociados a ingresos: Más de $81.539 millones. Esto se relaciona con ingresos no percibidos (como licencias médicas, permisos de circulación y multas), multas no cursadas y ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos.
–Deficiencias en el proceso de adquisiciones: Más de $80.576 millones.
–Gastos improcedentes o sin respaldo: Más de $57.023 millones.
–Otros resultados transversales: Más de $30.040 millones, los cuales incluyen entrega de beneficios irregulares, asignaciones directas de recursos sin fundamentación, ausencia de control de legalidad en ciertos actos administrativos, fragmentación de iniciativas en varios convenios y faltantes de inventario.
Las entidades más fiscalizadas y con mayores montos observados incluyen:
–Gobiernos Regionales (GOREs): Con más de $303.056 millones observados. Se mencionan irregularidades en las Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, con casos específicos como transferencias a fundaciones sin garantía, o iniciativas aprobadas que no se han ejecutado.
–Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales.
–Carabineros de Chile.
–Municipalidades. Solo en la Región Metropolitana, se mencionan irregularidades en los municipios de Santiago, Vitacura, Las Condes, La Pintana, Padre Hurtado, Macul, Pudahuel, Recoleta, Peñaflor, Lo Barnechea, La Florida, Independencia, Ñuñoa y Melipilla.
El informe también destaca problemas como la falta de inicio de procedimientos disciplinarios o juicios de cuentas en muchas de las entidades auditadas.
Este informe ha generado preocupación en el ámbito político, con llamados diversos a una mayor fiscalización, sanciones correspondientes y un posible «cambio estructural» en la administración del Estado para evitar el despilfarro de recursos. La Cámara de Diputados y Diputadas ha solicitado una sesión especial para analizar este informe.
El Maipo/CrónicaDigital
