Una nueva arista judicial suma el denominado caso Sartor. Este viernes se presentó una ampliación de la querella criminal interpuesta por inversionistas que buscan establecer eventuales responsabilidades de Michael Clark y otros ejecutivos vinculados a la administradora general de fondos.
La acción fue impulsada por Osvaldo Dünner, en representación de Inversiones Alpaca SpA, junto a Jorge Riquelme y otros inversionistas, quienes atribuyen a los querellados posibles delitos relacionados con administración desleal, uso de información privilegiada y alteración artificial de valores financieros.
Según el documento, Clark habría tenido un papel relevante dentro de la estructura investigada debido a su participación simultánea en distintas sociedades vinculadas al grupo. Los querellantes sostienen que esa posición le habría permitido acceder a información estratégica respecto de determinados activos financieros antes de la ejecución de algunas operaciones.
La presentación judicial plantea que el empresario habría contado con antecedentes privilegiados sobre la valorización de instrumentos financieros y sobre la situación económica de determinadas compañías involucradas, información que posteriormente habría influido en decisiones de inversión cuestionadas por los denunciantes.
Uno de los puntos centrales de la querella apunta a una operación relacionada con un bono financiero cuya valorización habría experimentado importantes variaciones. Los accionantes afirman que determinadas transacciones habrían generado perjuicios patrimoniales para Sartor AGF, especialmente en los meses previos a la liquidación de la administradora.
Además, la ampliación de la acción judicial aborda la relación entre recursos provenientes de Sartor y la participación del grupo en Azul Azul, sociedad concesionaria que administra a Universidad de Chile. En ese contexto, se citan declaraciones de exdirectores de la concesionaria que identifican a Clark como uno de los principales gestores de las operaciones que permitieron la llegada del grupo a la propiedad de la institución.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación en desarrollo y deberán ser analizadas por los tribunales competentes para determinar la eventual existencia de responsabilidades penales.
El Maipo
