La Municipalidad de Maipú cuestionó duramente la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral en la causa que enfrenta la exalcaldesa Cathy Barriga, acusando a su defensa de recurrir a estrategias destinadas a retrasar el proceso judicial.
La decisión fue adoptada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió la solicitud de los abogados de Barriga para reagendar la audiencia, argumentando la necesidad de contar con más tiempo para analizar el voluminoso expediente del caso. La nueva fecha quedó fijada para el 4 de agosto de 2026.
Según se expuso en estrados, la carpeta investigativa reúne un total de 50 tomos, más de 14 mil páginas y cerca de 32 terabytes de información digital. La defensa sostuvo que no ha recibido de manera íntegra todos los antecedentes recopilados durante la investigación, lo que —a su juicio— limita el derecho a preparar adecuadamente el juicio oral.
El abogado Cristóbal Bonacic señaló que el tribunal advirtió esta situación y estimó procedente conceder un nuevo plazo para que la defensa pueda revisar la totalidad del material reunido por el Ministerio Público.
Sin embargo, desde la parte querellante, el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, manifestó su desacuerdo con la resolución. Afirmó que la defensa solicitó seis meses adicionales y que, además, se desistió de una petición previa para reabrir la investigación, lo que —según indicó— refuerza la percepción de maniobras dilatorias.
“Lo que buscamos es que este caso avance y llegue a juicio oral, para que se puedan evaluar los antecedentes existentes y determinar las responsabilidades correspondientes”, sostuvo el representante del municipio.
Por su parte, el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, respaldó la postergación, calificando la solicitud como razonable debido a la magnitud y complejidad de la investigación, la cual —según explicó— se ha desarrollado de manera exhaustiva para reunir la mayor cantidad posible de pruebas.
Cabe recordar que la exjefa comunal enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En ese contexto, la Fiscalía solicita penas que podrían llegar hasta los 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, en calidad de querellante, pide condenas que alcanzan los 37 años de presidio.
La audiencia quedó agendada para el próximo 4 de agosto a las 9:30 horas.
El Maipo
