Ante el desalojo programado para este lunes 12 de enero en la toma del Cerro Centinela, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema dictada en marzo de 2023, la Municipalidad de San Antonio habilitó un albergue transitorio para las familias afectadas que lo requieran.
El recinto funcionará en el gimnasio del Colegio España de Llolleo, en un espacio separado de las dependencias escolares, cumpliendo las exigencias de la autoridad sanitaria y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La medida está orientada especialmente a grupos prioritarios como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y familias con niños, inforaron de este municipio porteño.
Características del albergue
El espacio contará con servicios higiénicos habilitados, incluyendo baños diferenciados para hombres, mujeres y personas con discapacidad, duchas con agua caliente, lavamanos y WC. Además, dispondrá de un dormitorio colectivo dividido por familia mediante paneles, equipado con colchonetas y ropa de cama.
El municipio informó que el proceso se encuentra coordinado con las delegaciones presidenciales y distintos servicios públicos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la justicia y brindar apoyo a quienes lo necesiten.
Detalles del desalojo
Las primeras notificaciones aparecieron el 6 de enero en portones y muros de las parcelas afectadas, ratificando la salida por la fuerza ordenada por la Corte Suprema. Los documentos, con el logo del Gobierno de Chile, solicitan a los residentes iniciar la desocupación voluntaria del terreno antes del plazo establecido.
La primera etapa contempla las parcelas 11, 13 y 15. Posteriormente, se avanzará hacia el sector Bosques del Mar, cuya fecha será comunicada oportunamente. Según información de los pobladores, 3.300 familias de las 4.116 que componen la megatoma deben salir del predio durante el desalojo.
Situación del terreno
Según información de medios locales, parte del terreno afectado correspondería a propiedad de la Contraloría General de la República, específicamente unas 5,4 hectáreas divididas en dos roles desde 1971, con avalúos que suman más de 33 millones de pesos. Esta situación no habría sido notificada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
Las autoridades aseguran que se tomarán medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los afectados durante el proceso de desalojo.
El Maipo
