El ministro peruano de Justicia, Daniel Maurate, ratificó hoy que pueden haberse cometido violaciones de derechos humanos durante la represión a protestas sociales y discrepó en el tema con el primer ministro, Alberto Otárola.
Maurate declaró en una entrevista televisiva que si alguien ve que un policía dispara a un civil (en una manifestación) es evidente que se trata de una violación de derechos humanos, crimen que Otárola descarta rotundamente, al defender a militares y policías y señalar que el asunto debe ser determinado por la Fiscalía y los tribunales.
Si el primer ministro reclama aclaración, aprovecho para aclarar también para nuestro jefe de Gobierno. En una situación como la que hemos vivido, yo lo que señalé es que, si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que ahí no hay una violación de derechos humanos, la hay, expresó.
Se refirió así a uno de los 49 muertos en disturbios registrados desde el 7 de diciembre hasta marzo último; el caso de Víctor Santisteban, quien murió por el impacto de una granada de gas lacrimógena disparada por un policía a corta distancia a la cabeza de la víctima.
La aclaración del primer ministro a Maurate, a la que este se refirió, fue hecha en una entrevista previa en la cual a Otárola le preguntaron sobre una declaración del titular de Justicia, en el sentido que confiaba en la palabra de ministros según los cuales la presidenta Dina Boluarte y Otárola ordenaron a los uniformados no usar armas de fuego.
Al parecer disgustado, el titular del Consejo de Ministros, consideró necesario aclarar que lo dicho por Maurato no era oficial ni podía interpretarse como cargar la responsabilidad de las muertes a policías y militares, a quienes el Gobierno respalda.
El ministro de Trabajo añadió que la presidenta y el primero ministro no ordenaron usar las armas “porque si yo supiera que ordenaran ese tipo de cosas yo no estaría aquí (como ministro)”, según dijo.
Acotó sin embargo que el vídeo que muestra el disparo al occiso Santisteban debe ser objeto de un peritaje y una investigación de la fiscalía y materia de un juicio, en lo que coincidió con Otárola.
Las muertes siguen impunes, según organizaciones de derechos humanos que exigen celeridad y transparencia en la investigación, mientras el primer ministro indicó que las pesquisas son reservadas y la Fiscalía se ha fijado un plazo de ocho meses para culminarlas.
Señaló que el Gobierno no puede señalar a nadie como culpable, pues eso corresponde al Ministerio Público y el Poder Judicial.
Fuente: El Maipo/PL
