Sólo dos de los 350 candidatos en competencia hoy por los escaños en el Consejo Constitucional de Chile pertenecen a comunidades indígenas, y sus posibilidades de éxito son consideradas muy remotas.
De acuerdo con el censo de población de 2017, unos dos millones 186 mil personas se declararon como miembros de un pueblo originario, lo que representa el 12,8 por ciento del total de habitantes.
Sin embargo, de cara a los comicios del 7 de mayo próximo, el Servicio Electoral aceptó nada más dos nombres para integrar la llamada boleta verde, correspondiente a los aspirantes por este sector, o sea, el 0,57 de los propuestos a nivel nacional.
Además, según el sistema adoptado en estas votaciones, para ocupar uno de los 50 puestos del Consejo hay que conseguir el 1,5 por ciento del total de sufragios válidos de todo el país, o sea, unas 195 mil papeletas.
Las posibilidades de que no haya un solo miembro de las comunidades originarias en el organismo encargado de redactar la futura carta magna del país fueron consideradas como un retroceso por la antropóloga Natalia Caniguan, miembro del pueblo mapuche.
Según la investigadora del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales, esto es una muestra del racismo estructural imperante en Chile, donde la diversidad étnica es vista como una amenaza y no como un elemento para resolver las tensiones y conflictos sociales.
A pesar de las limitaciones de la anterior Convención Constitucional, se logró reservar 17 lugares para los pueblos indígenas, recordó la especialista en conversación con Radio Universidad de Chile.
Ahora se corre el riesgo de tener una discusión sin la participación de ningún representante de estos grupos, lo cual dará lugar a una ley fundamental donde el tema permanezca de manera formal, pero sin profundizar en los asuntos más importantes.
Entre ellos mencionó los derechos básicos de las comunidades originarias porque los conceptos del indigenismo y el culturalismo ya están rebasados en todo el mundo, aseguró.
Ahora, dijo, el Estado debe sentarse a discutir con nuestros pueblos como actores políticos reales y superar el asistencialismo y las medidas subsidiarias practicadas tradicionalmente.
Caniguan reconoció que existe un ambiente de escepticismo y muchos indígenas se preguntan si vale la pena participar en este proceso, pero eso, señaló, también se puede ver a nivel nacional.
Fuente: El Maipo/PL
