El Séptimo Tribunal Oral de Santiago condenó a los integrantes de tres asociaciones ilícitas que emitían y comercializaban licencias médicas falsas. El fraude afectó principalmente recursos de Fonasa y terminó con penas de cárcel efectiva para los principales responsables.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a los integrantes de una red dedicada a la emisión y comercialización masiva de licencias médicas falsas, en uno de los mayores fraudes contra recursos del sistema previsional de salud conocidos en Chile.
La sentencia estableció un perjuicio superior a los $26.536 millones, recursos que fueron defraudados mediante la obtención irregular de subsidios por incapacidad laboral provenientes principalmente de Fonasa, además de diversas isapres.
La investigación permitió acreditar la existencia de tres asociaciones ilícitas, identificadas como “Mi Tití”, “Campos” y “Prevenir”, que operaban mediante la emisión sistemática de licencias médicas ideológicamente falsas.
De acuerdo con el fallo, las estructuras estaban integradas principalmente por profesionales de nacionalidad colombiana que ejercían la medicina en Chile. A través de distintos mecanismos, los involucrados establecieron un sistema para vender licencias falsas y obtener beneficios económicos mediante subsidios que no correspondían.
El tribunal determinó que el perjuicio económico se distribuyó de la siguiente manera:
- “Mi Tití”: $12.972 millones.
- “Campos”: $11.499 millones.
- “Prevenir”: $2.024 millones.
Las organizaciones también utilizaron mecanismos destinados a ocultar y blanquear parte de las ganancias obtenidas, configurándose además el delito de lavado de activos.
Condenas de hasta 21 años de cárcel
Entre los principales responsables, Samir Enrique Rivaldo Hernández recibió una condena que, sumadas las distintas penas impuestas, alcanza los 21 años de cárcel, además de multas que superan los $2.500 millones.
Otros médicos vinculados a las estructuras también recibieron penas superiores a los 15 años de presidio acumulado, mientras que otros integrantes fueron condenados a penas efectivas de siete años, junto con sanciones adicionales por asociación ilícita y lavado de activos.
Entre quienes deberán cumplir penas efectivas se encuentran Jessica Donado Alvis, Ana Beatriz Toncel Peña, Obet José Urrea Pérez, Jeiner Alberto Olivero Álvarez, Rodrigo Andrés Campos Cuello, Lisney Loret de la Hoz Orozco, José Joaquín Ñeco Cervantes, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Jorge Antonio González Guerrero y Álvaro Enrique Ñeco Cervantes.
Además, los condenados quedaron sujetos a las respectivas inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y profesiones titulares establecidas por la legislación.
En tanto, otros participantes que actuaban como facilitadores o compradores de las licencias recibieron penas menores y, en algunos casos, podrán cumplirlas bajo libertad vigilada intensiva.
Más de $26 mil millones deberán ser restituidos
En materia civil, el tribunal acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco.
Los condenados deberán responder por más de $26 mil millones correspondientes al perjuicio provocado a Fonasa. La sentencia también estableció el comiso definitivo de vehículos, dinero e inmuebles incautados durante la investigación.
El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que tienen los fraudes contra los recursos destinados a la salud pública. En este caso, el perjuicio económico no solo alcanzó una cifra millonaria, sino que involucró fondos destinados al pago de prestaciones y subsidios para personas afiliadas al sistema de salud.
La sentencia marca así el cierre de un proceso judicial que permitió desarticular un mecanismo de emisión y comercialización masiva de licencias médicas falsas, con condenas que llegan hasta las dos décadas de cárcel y una obligación de restitución que supera los $26.000 millones.
El Maipo
