El presidente del Colegio de Profesores criticó las orientaciones entregadas por la Dirección de Educación Pública para ajustar las dotaciones durante 2027. El dirigente cuestionó la eventual fusión de cursos y las restricciones para reemplazar docentes, especialmente por sus efectos en estudiantes que requieren apoyos específicos.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuestionó las nuevas orientaciones de la Dirección de Educación Pública (DEP) para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que contemplan distintas medidas para reducir el gasto en dotación docente y ordenar las plantas de trabajadores de cara a 2027.
Aguilar calificó con preocupación el contenido del instructivo y advirtió que su eventual aplicación podría tener consecuencias en las comunidades educativas.
“Estamos alarmados con esa circular de la DEP. Creemos que, si se llegara a implementar aquello, puede generar un grave daño en la educación”, sostuvo el dirigente.
Una de las principales críticas del presidente del Magisterio apunta a la posibilidad de fusionar cursos paralelos cuando la matrícula conjunta sea igual o inferior a 35 estudiantes.
La DEP instruyó a los SLEP a revisar estas situaciones y evaluar la reorganización de las secciones. El procedimiento debe considerar, entre otros elementos, la capacidad de las salas, la matrícula que podría incorporarse durante el año y las condiciones del Programa de Integración Escolar (PIE).
Para Aguilar, sin embargo, aumentar la cantidad de estudiantes por sala puede dificultar el trabajo pedagógico, particularmente en establecimientos donde existen alumnos que necesitan atención especializada.
“Ya hay serios problemas con cursos que, por ejemplo, en el rango de los 30 estudiantes, de los cuales 10 pueden ser alumnos con necesidades educativas especiales o de la neurodivergencia”, planteó.
A juicio del dirigente, una eventual concentración de estudiantes podría hacer más compleja la atención personalizada que requieren estos alumnos.
Rechazo a limitar los reemplazos docentes
Otro de los puntos cuestionados por Aguilar es la instrucción de no reponer, como regla general, las vacantes que queden disponibles luego de que profesores se acojan al incentivo al retiro voluntario.
La orientación establece excepciones cuando la ausencia pueda afectar la continuidad del plan de estudios. También contempla un mayor control sobre las contrataciones destinadas a cubrir licencias médicas y otras ausencias.
El presidente del Colegio de Profesores sostuvo que estas restricciones pueden terminar afectando directamente la atención de los estudiantes.
“Muchos de esos docentes en retiro son docentes que tienen funciones hoy día y esas funciones, si no se reemplazan, no van a ser atendidas”, afirmó Aguilar.
Sobre las licencias médicas, agregó que la falta de reemplazos también podría dejar funciones sin cubrir dentro de los establecimientos.
“Esos estudiantes van a quedar sin atención”, advirtió.
La disputa por las 66.570 horas docentes
Las medidas forman parte de un plan de la DEP para enfrentar el déficit financiero de los SLEP y adecuar sus dotaciones a las normas presupuestarias.
El organismo plantea que existe una “sobredotación heredada” y un déficit importante en los Servicios Locales. Su objetivo declarado es ajustar las plantas de trabajadores de acuerdo con la normativa y reducir gastos sin afectar el servicio educativo.
Dentro de este proceso, la DEP busca abordar un exceso de 66.570 horas docentes semanales respecto de los límites establecidos en la Ley de Presupuestos.
La cifra corresponde a horas de trabajo y no directamente a una cantidad determinada de profesores. Además, la magnitud de la denominada sobredotación todavía es materia de discusión: la DEP encargó un estudio al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, cuyo informe aún no estaba terminado.
Para Aguilar, el problema está en que el ajuste estaría siendo abordado principalmente desde una perspectiva financiera.
“Nos parece pésimo lo que se está dando como orientación con una mirada exclusivamente economicista”, afirmó el dirigente.
El presidente del gremio también vinculó estas medidas con las restricciones presupuestarias que enfrenta el Estado y sostuvo que el Colegio de Profesores se coordinará con las comunidades escolares para enfrentar las disposiciones si estas avanzan.
“Vamos a convocar a las comunidades escolares a movilizarse si se pretende avanzar con esta idea de precarizar aún más la educación pública”, señaló.
Mientras el Colegio de Profesores cuestiona el eventual impacto de las medidas en las aulas, la DEP sostiene que el propósito del plan es corregir problemas de dotación y enfrentar el déficit de los SLEP sin afectar el servicio educativo.
La discusión se instala además en la antesala de la tramitación del Presupuesto 2027, instancia en la que se definirá el marco de recursos con que funcionará la educación pública durante el próximo año.
El Maipo
