La organización presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Su representante, la abogada Elisa Walker, sostuvo que la falta de un procedimiento objetivo para la remoción puede afectar la independencia judicial y el debido proceso.
La Asociación de Magistrados presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante el cual busca cuestionar las normas relacionadas con la remoción de jueces y lo que la organización considera un vacío en la regulación de estos procedimientos.
El planteamiento fue explicado por Elisa Walker, socia de Sarmiento Walker y García Abogados y representante de la asociación ante el TC. La abogada sostuvo que la situación podría comprometer tanto la independencia judicial como las garantías de debido proceso de los funcionarios afectados.
Según Walker, el problema se relaciona con la ausencia de mecanismos que establezcan criterios objetivos para determinar cuándo corresponde remover a un juez.
Cuestionan la ausencia de un procedimiento objetivo
La representante de los magistrados aclaró que el requerimiento no busca impedir que existan sanciones frente a conductas graves cometidas por jueces.
El planteamiento apunta, según explicó, a que esas eventuales sanciones se adopten mediante un procedimiento objetivo e imparcial, con reglas previamente establecidas.
“Si hay jueces que incurrieron en conductas graves que merecen una sanción de remoción, es fundamental que exista un procedimiento objetivo e imparcial”, sostuvo Walker.
La abogada cuestionó que actualmente no existirían parámetros suficientemente claros para determinar qué conductas pueden resultar incompatibles con la permanencia de un juez.
Independencia judicial y Corte Suprema
Uno de los principales argumentos expuestos por la Asociación de Magistrados apunta a la relación entre las facultades de la Corte Suprema y la permanencia de los jueces.
Walker sostuvo que, si la continuidad de un magistrado queda vinculada a la voluntad de la máxima instancia del Poder Judicial sin mecanismos que permitan controlar que una eventual remoción se ajuste a criterios objetivos, podría generarse un problema para la independencia judicial.
“Si la permanencia de un juez depende de la voluntad de la Corte Suprema, sin que exista ningún elemento que garantice que la remoción no se va a ejercer en forma arbitraria, lo que sucede es que la independencia judicial desaparece”, afirmó.
Se trata de una posición planteada por la Asociación de Magistrados en el marco del requerimiento presentado ante el TC. La resolución del conflicto constitucional corresponderá al propio Tribunal Constitucional.
¿Qué implica recurrir al Tribunal Constitucional?
El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es uno de los mecanismos mediante los cuales el Tribunal Constitucional ejerce control sobre la aplicación de determinados preceptos legales en casos concretos.
El propio TC explica que realiza control posterior de preceptos legales mediante requerimientos de inaplicabilidad o acciones de inconstitucionalidad.
Por ello, la presentación de la Asociación de Magistrados no significa que el Tribunal Constitucional ya haya establecido que las normas cuestionadas sean inconstitucionales. El requerimiento abre una discusión que deberá ser analizada dentro del procedimiento correspondiente.
El TC mantiene actualmente una plataforma pública para el ingreso y seguimiento de requerimientos, además de un buscador de jurisprudencia y causas.
Un debate sobre las reglas de responsabilidad judicial
La discusión planteada por los magistrados combina dos elementos que deben coexistir en el funcionamiento del Poder Judicial: la posibilidad de establecer responsabilidades y sanciones frente a conductas graves y la existencia de garantías para que esas medidas se adopten mediante procedimientos previamente definidos.
Desde la Asociación de Magistrados sostienen que ambos objetivos pueden compatibilizarse mediante reglas claras sobre las causales y procedimientos de remoción.
“Los jueces quedan a la merced de la voluntad de la Corte Suprema. Esto genera un problema de constitucionalidad y un debilitamiento del Estado de Derecho”, concluyó Walker.
El requerimiento deberá seguir ahora su tramitación ante el Tribunal Constitucional, instancia que tendrá que pronunciarse sobre los argumentos de constitucionalidad planteados por la organización.
El Maipo
