El proyecto que busca fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales ingresó al Congreso en octubre de 2023 y todavía no se convierte en ley. La Comisión Mixta resolvió esta semana los puntos pendientes y su informe deberá ser votado por ambas cámaras, aunque la normativa difícilmente alcanzaría a estar vigente para el próximo verano.
A tres años de su ingreso al Congreso, el proyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales y Rurales enfrenta una etapa decisiva de su tramitación, mientras Chile se prepara para una nueva temporada de incendios.
La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo el 3 de octubre de 2023 y, después de avanzar por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, permaneció durante meses entrampada por diferencias entre ambas cámaras.
Esta semana, la Comisión Mixta logró resolver los puntos que tenía pendientes y evacuó el informe que deberá ser sometido a votación primero en la Cámara y posteriormente en el Senado. De acuerdo con los antecedentes disponibles, esa votación debería producirse durante la semana legislativa que comienza el 19 de octubre.
El avance se produce después de que la comisión se constituyera recién el 19 de agosto, cuatro meses después de que el proyecto llegara a esta instancia.
Más de 17 mil incendios en tres años
La demora en la aprobación de la normativa ocurre mientras el país ha enfrentado nuevas temporadas marcadas por incendios de gran magnitud.
Según datos oficiales de CONAF citados por WWF Chile, entre el 3 de octubre de 2023 y el cierre de septiembre de 2026 se registraron 17.464 incendios forestales y de interfaz, los que afectaron una superficie de 244.227 hectáreas.
Entre las principales emergencias de este periodo se encuentra el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso durante la temporada 2023-2024, con 138 personas fallecidas, más de cuatro mil viviendas destruidas y alrededor de 12 mil damnificados.
Durante la temporada siguiente se registraron seis víctimas fatales y, en enero de 2026, los incendios que afectaron a Ñuble, Biobío y La Araucanía dejaron 21 fallecidos, más de 330 lesionados, cerca de 22 mil damnificados y más de 4.100 viviendas afectadas.
Considerando estos principales siniestros, WWF Chile contabiliza al menos 165 personas fallecidas, cerca de ocho mil viviendas destruidas y casi 35 mil damnificados durante las últimas tres temporadas.
¿Qué busca cambiar la nueva ley?
El proyecto establece nuevas herramientas para prevenir y mitigar los incendios, incorporando conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación.
Uno de los aspectos centrales es establecer obligaciones relacionadas con el manejo de vegetación y construcción de cortafuegos en sectores donde las áreas habitadas tienen contacto directo con zonas de vegetación y existe un mayor riesgo de propagación del fuego.
La iniciativa también busca incorporar estas áreas de riesgo a los instrumentos de planificación territorial, con el objetivo de que la prevención de incendios sea considerada antes de que ocurran las emergencias.
Precisamente, uno de los puntos que debió resolver la Comisión Mixta fue el procedimiento para delimitar las zonas de interfaz urbano-rural en los planes reguladores comunales.
La comisión aprobó un procedimiento simplificado para esa delimitación, mientras que rechazó la obligación de indemnizar a propietarios de terrenos donde se establezcan cortafuegos obligatorios. El Gobierno, sin embargo, manifestó su disposición a trabajar en un fondo de apoyo o compensación para quienes se vean afectados por estas medidas.
Tres años de discusión y una nueva temporada en camino
El debate legislativo ocurre mientras el país se aproxima nuevamente al periodo de mayor riesgo de incendios forestales.
El senador Diego Ibáñez había solicitado esta semana al Gobierno y a CONAF información sobre la preparación para la temporada 2026-2027, incluyendo el número de brigadas y aeronaves disponibles, presupuesto, comunas prioritarias y medidas para la construcción de cortafuegos.
El parlamentario también cuestionó que, después de tres años de tramitación, la iniciativa todavía no pueda estar vigente para la próxima temporada.
La preocupación no se limita al calendario legislativo. Desde WWF Chile han advertido que los incendios generan impactos que van más allá de las viviendas y terrenos afectados, debido a la pérdida de hábitats, biodiversidad, semillas y microorganismos del suelo.
La organización también ha planteado que la nueva normativa debe complementarse con políticas de restauración de ecosistemas, educación ambiental y fortalecimiento de las comunidades locales que participan en la prevención.
Una ley que todavía deberá esperar
Aunque el proyecto logró destrabar sus principales diferencias en la Comisión Mixta, todavía debe superar una nueva votación en ambas cámaras.
Además, incluso si el Congreso despacha la iniciativa durante las próximas semanas, existen dudas sobre su entrada en vigencia durante la temporada que se aproxima, debido a que todavía será necesario elaborar los reglamentos necesarios para aplicar sus disposiciones.
Así, después de tres años de tramitación, el proyecto que busca establecer un nuevo marco para la prevención de incendios forestales y rurales se acerca a su definición legislativa, pero no alcanzaría a convertirse en una herramienta disponible para enfrentar desde el inicio la próxima temporada de incendios.
El desafío, por ahora, sigue siendo transformar una política de reacción frente a las emergencias en una estrategia que permita anticiparse al fuego y reducir sus impactos sobre las comunidades y los ecosistemas.
El Maipo
