El país está inmerso hoy en su segundo proceso constituyente, pero el poco interés mostrado por la ciudadanía, unido a controversiales enmiendas introducidas por la ultraderecha, auguran un nuevo fracaso, de no corregirse el rumbo.
Al menos así lo reflejan las más recientes encuestas realizadas por la firma Plaza Pública Cadem y el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre el trabajo del Consejo Constitucional, encargado de preparar la propuesta de Carta Magna que será sometida a referendo el venidero 17 de diciembre.
Según Cadem, 57 por ciento de los entrevistados dijo que rechazarían el texto, cifra que representa un aumento de 11 puntos desde mayo pasado.
En la segunda medición, realizada por el CEP, 37 de cada 100 interrogados calificaron de malo o muy malo el trabajo del consejo constitucional, la misma cantidad no se pronunció y solo el 19 por ciento de la población lo avaló.
Una de las causas de la apatía es la dirección de este proceso a cargo del Partido Republicano, de extrema derecha, que desde el principio se negó a integrar el Acuerdo por Chile para alcanzar una nueva Carta Magna en reemplazo de la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En el órgano de 50 miembros, el Partido Republicano ostenta la primera mayoría, con 22 escaños, y sumados los 11 de la coalición de derecha Chile Vamos, pueden imponer el veto y tienen libertad para redactar a su antojo el documento.
La otra fuerza en esa instancia, la coalición de izquierda Unidad para Chile, cuenta con 16 consejeros, y los pueblos indígenas apenas tienen uno.
Durante el proceso se presentaron mil 69 enmiendas al texto original, elaborado por una comisión de expertos, y muchas de esas modificaciones, provenientes de la ultraderecha, son consideradas como un retroceso para las garantías y derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
Dentro de las citadas propuestas figuran eliminar conquistas de los trabajadores, al limitar el derecho a huelga.
Los sectores conservadores pretenden también declarar como inconstitucional el aborto en las tres causales, es decir, por inviabilidad fetal, violación o riesgo para la vida de la madre.
“La ley fundamental de un país no puede ser un traje a la medida de un sector y, bajo ninguna circunstancia, ser un texto regresivo respecto de los derechos sociales y de los avances civilizatorios que tantos sacrificios le han costado al pueblo”, advirtió el Partido Comunista de Chile en una declaración.
Anular la paridad de género y quitarles el carácter supranacional a los tratados internacionales, entre ellos los referidos a los derechos humanos, son otras de las enmiendas de los republicanos.
Además, se busca beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, con la posibilidad de que los mayores de 75 años cumplan condenas en sus casas, y dedicar un capítulo exclusivo a las Fuerzas Armadas.
Reducir la representatividad del Congreso Nacional, institucionalizar a las aseguradoras privadas y las administradoras de fondos de pensiones que lucran con los ahorros de los trabajadores y pagan míseras jubilaciones, son otras de las propuestas.
A todo lo anterior se suma la negativa del consejo a consultar a los pueblos indígenas acerca de los temas contenidos en el proyecto de Carta Magna que los afectan, lo cual constituye un retroceso en términos de participación ciudadana y una violación de los tratados internacionales.
Para tratar de limar asperezas, los consejeros mantendrán este lunes una primera reunión, antes de que el martes las cuatro comisiones comiencen la discusión de las más de mil enmiendas presentadas al texto.
En opinión de los expertos, de no lograrse un acuerdo transversal, que represente a toda la sociedad, es muy posible que en el plebiscito de diciembre próximo la población termine votando en contra y fracase una vez más el proceso constitucional.
Fuente: El Maipo/PL
