Dos temas, luego de las elecciones de consejeros constituyentes del pasado 7 de mayo, concentran el interés de la agenda pública.
Por un lado, la crisis que están viviendo las ISAPRES a partir del fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar los cobros ilegales que hicieron durante años a sus clientes. Por otro, los temas de seguridad ciudadana, que fueron el caballito de batalla de la campaña de derecha en las últimas elecciones, y que tuvieron un punto de chequeo en la interpelación a la Ministra del Interior en la Cámara.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, para el trimestre móvil dic-feb 2023, las personas dentro de la fuerza de trabajo son 9.854.774. Por otra parte, la Superintendencia de Salud informa que la cantidad de afiliados en el sistema ISAPRE en el año 2023 suman 1.832.624, lo que equivale al 18,6 % de la fuerza de trabajo. Es decir, que cerca de uno de cada cinco chilenos son víctimas directas de la apropiación indebida, digamos derechamente robo, por parte de las ISAPRES, sobre las cuales cae la obligación de devolución de los dineros a sus legítimos dueños por fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, el último índice de victimización (2022) que año a año entrega la Fundación Paz Ciudadana, se aprecia que 32,7% de los hogares reportó que alguno de sus miembros fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, uno de los más bajos en lo últimos 20 años; no obstante, el índice de temor a ser víctima de la delincuencia se disparó 7 puntos respecto año anterior, alcanzando un máximo histórico de 28% con un alto temor. Si consideramos las diversas encuestas de pulso que semana a semana hablan sobre temas de seguridad ciudadana, es muy probable que la brecha entre los índices de victimización y temor tienda a ampliarse en la próxima entrega anual de Paz Ciudadana.
Al hacer un doble click a las cifras del índice de victimización, podemos apreciar que éste considera cuatro tipos de delitos: intentos de robo con o sin violencia fuera del hogar; y robos con y sin violencia dentro del hogar. Así, el 25,7% de los robos e intentos de robo fueron con violencia, en tanto que el 74,3% fueron sin violencia.
Por cierto, en el índice de victimización de Paz Ciudadana, ni en otros estudios de pulso o estructura sobre temas de seguridad, no se contabilizan delitos como los que han estado haciendo las ISAPRES durante años; ni otros como los de colusión de diversos carteles que se han organización para subir artificialmente los precios de productos tan básicos como alimentos, remedios o insumos para el aseo de los hogares o de renegociaciones “automáticas para beneficio del deudor del retail”.
En el índice de victimización de Paz Ciudadana, todos estos delitos tendrían que clasificarse como robos sin violencia, aunque seguramente, si se escarba bajo el tapete puedan aparecer efectos devastadores asociados a la imposibilidad de acceder a medicamentos de manera oportuna o a los efectos demoledores en términos de salud mental para quienes, a pesar de sus esfuerzos, no logran pagar intereses usureros y solo ven pasar sus vidas como pagadores morosos sin derecho a la tranquilidad.
Hoy las ISAPRES deben 500 mil millones de pesos. A pesar de que sabían que estaban haciendo apropiación indebida de los pagos en exceso de sus afiliados no dudaron en repartir cuantiosas utilidades entre sus accionistas, seguramente para asegurarse frente a lo podía venir.
No solo no han devuelto un peso a sus afiliados, ni siquiera se muestran abiertos a presentar un plan que apunte a cumplir el fallo de la Corte Suprema. Por el contrario, han desplegado un chantaje con el fantasma de quiebra, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos y el apoyo de la derecha parlamentaria.
En una jugada sin precedentes, el plan de los senadores ex democratacristianos Rincón y Walker pretende quebrarle el servicio a la Corte Suprema con una reforma a la constitución, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, ni más ni menos. Esto en función de validar de un salvataje, incluso más grosero que el que tuvieron los bancos en la crisis de principios de los 80.
Por ahora, según la encuesta Data Influye de abril y mayo, la ciudadanía se muestra reacia a que se haga un salvataje las ISAPRES. Solo un 8% cree se debe hacer todo lo posible por salvarla; un 36% entiende que como entes privados se debe obligar a que paguen toda su deuda, aunque quiebren; el 35% cree que el Gobierno debe colaborar con prudencia en una solución gradual de pago; Por último, el 15% dice que el Gobierno debe liderar un proceso de cierre de las ISAPRES y se haga traspaso gradual a FONASA de sus afiliados.
De avanzarse en un salvataje que desconozca el fallo de la Corte Suprema, ya no solo sería el 18,6% trabajadores afiliados quienes serían victimizados por las ISAPRES, sería la población total, es decir un 100% de victimización.
Dado este crudo escenario, y dado que la preocupación principal de la población en estos días es la seguridad pública, sería muy pertinente que instrumentos como el Índice de Victimización de Paz Ciudadana, y otros que miran el mismo fenómeno, integren este y otros robos sin violencia que tan frecuentemente asolan a nuestra población en sus mediciones.
Estos han sido urdidos y ejecutados con ropajes caros y formales, “de cuello y corbata”, nos recuerdan que día a día no solo somos abusados y vulnerados en nuestros derechos, sino derechamente robados por delincuentes poderosos, implacables, que no respetan a nadie.
El Maipo
